La inspección técnica prevista para el 9 de febrero en Chiquiacá, así como la audiencia pública programada para el 13 de febrero en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, han sido aplazadas tras un pedido de ampliación de plazo presentado por el Procurador General del Estado, Hugo César León La Faye. La solicitud se fundamentó en la necesidad de contar con más tiempo para que las entidades demandadas y la empresa Petrobras puedan entregar los informes correspondientes en el marco de la Acción Ambiental Precautoria que busca suspender el proyecto exploratorio Domo Oso X-3.
El juez agroambiental Clever Marcelo Osorio Guerrero respondió a este requerimiento ampliando el plazo para la presentación de informes de 10 a 20 días hábiles y suspendió las fechas inicialmente establecidas para las audiencias. En su resolución, el juez destacó que la Procuraduría fue notificada el 27 de enero, cuando el plazo original ya había expirado, y que las comunidades de Chiquiacá aún no fueron convocadas formalmente como terceros interesados en el proceso.
Desde la Procuraduría se argumentó que la notificación se recibió con retraso, 11 días después del Auto Interlocutorio, y que, debido a la complejidad y relevancia social del caso, se justifica la solicitud de tiempos razonables para garantizar el principio de igualdad procesal y el derecho a la defensa.
Por su parte, el Comité de Defensa de Tariquía criticó la postergación, calificándola como una posible estrategia para dilatar el proceso judicial y permitir que Petrobras y YPFB Chaco continúen avanzando con las obras en el pozo exploratorio. Miembros de este comité señalaron que los documentos solicitados a las empresas están disponibles y no existe justificación para prolongar los plazos. Además, denunciaron que, a pesar de la orden judicial de paralización, trabajadores de Petrobras han estado reuniéndose con dirigentes locales que apoyan la presencia de las petroleras, lo que ha generado divisiones dentro de las comunidades. Aunque actualmente no se observa maquinaria en operación, estas reuniones nocturnas generan preocupación.
En cuanto a la medida cautelar, el Auto Interlocutorio emitido el 16 de enero ordenó la suspensión temporal del proyecto Domo Oso X-3 por un período de 30 días, ampliado posteriormente por 10 días a solicitud del Procurador. Sin embargo, integrantes de las comunidades afectadas denunciaron que aún se registra el ingreso de vehículos y personal a la zona, lo que dificulta la implementación efectiva de la paralización. Tras la medida, los comunarios decidieron levantar el punto de vigilia en Quebrada Las Vacas, aunque mantienen un estado de alerta constante. Las nuevas fechas para la audiencia pública se establecerán una vez que las instituciones demandadas presenten sus informes o se venza el plazo otorgado.
Este proceso judicial se originó a partir de una Acción Ambiental Precautoria presentada por el Defensor del Pueblo contra autoridades del sector hidrocarburos y medio ambiente, así como contra el presidente de YPFB. El conflicto se intensificó el 6 de enero cuando un convoy de vehículos de Petrobras, escoltado por efectivos policiales, ingresó al área del pozo Domo Oso X-3, superando el punto de control establecido por las comunidades. Este hecho generó movilizaciones sociales y el inicio de acciones legales.
Además, la Fiscalía abrió un segundo proceso penal contra 17 personas, entre comunarios y un concejal, acusados de asociación delictuosa y atentados contra la libertad de trabajo, tras una denuncia presentada por asesores vinculados a Petrobras y YPFB. No obstante, el Ministerio Público emitió una resolución que favorece a los acusados, y Petrobras cuenta con un plazo para presentar objeciones; de no hacerlo, el caso se cerrará. Un primer proceso penal relacionado con el conflicto se encuentra en etapa de juicio.
La Reserva de Tariquía, que abarca más de 246 mil hectáreas, es vital para el abastecimiento de agua del valle central de Tarija. Aunque el pozo Domo Oso X-3 se encuentra a 1.5 kilómetros fuera de los límites oficiales de la reserva, organizaciones ambientales advierten que el proyecto afecta el ecosistema en su conjunto. Desde 2018, las 22 comunidades de la zona se oponen al proyecto, denunciando irregularidades en el proceso de consulta y exigiendo la protección del territorio y sus recursos naturales
