Productores agrícolas reciben respaldo masivo en rechazo al impuesto del cinco por ciento en Bolivia
En el contexto actual, diversos sectores de la sociedad boliviana han expresado su creciente preocupación y rechazo hacia el proyecto de ley promovido por el Gobierno nacional, que propone la instauración de un impuesto del 5% sobre las ventas agrícolas. Esta iniciativa legislativa ha generado una fuerte oposición, especialmente entre los productores agrícolas y sus representantes, quienes advierten que la medida podría tener consecuencias adversas tanto para el sector productivo como para los consumidores finales.
El presidente del Comité Cívico Juvenil de Tarija, Fernando Leytón, ha sido una voz destacada en esta postura crítica. Desde su perspectiva, esta propuesta no solo carece de un proceso de consulta o consenso con los actores involucrados en la producción agrícola, sino que además se considera una medida demagógica que no atiende las verdaderas necesidades del sector. En lugar de fortalecer a quienes garantizan el alimento diario en la mesa boliviana, el Estado estaría imponiendo obstáculos adicionales que vulneran la estabilidad del sector productivo.
Leytón enfatiza que la carga económica sobre la población ya es considerable debido a factores externos como el aumento sostenido en los precios de los carburantes y el encarecimiento de insumos esenciales para la agricultura. En ese escenario, agregar un nuevo impuesto podría profundizar las dificultades económicas tanto para productores como para consumidores. El dirigente destaca que antes de pensar en incrementar impuestos, el Gobierno debería centrarse en crear condiciones favorables para el desarrollo del sector agrícola.
Entre los factores que obstaculizan actualmente la producción agrícola en Bolivia, se menciona especialmente el deficiente estado de las infraestructuras viales. Muchas regiones productoras permanecen aisladas o con acceso limitado debido a carreteras en mal estado, lo cual dificulta significativamente la logística para transportar productos hacia los mercados nacionales e internacionales. Esta situación no solo afecta la rentabilidad de los agricultores sino también la disponibilidad y precios de alimentos para la población.
Además del problema logístico, Leytón señala que los desastres naturales representan una amenaza constante y creciente para el sector agrícola boliviano. Cada año, fenómenos climáticos adversos provocan pérdidas significativas en cultivos y producción ganadera, sin que exista una respuesta estatal adecuada o una política efectiva para mitigar estos riesgos. La ausencia de un seguro agrario eficiente y planes preventivos limita severamente la capacidad de resiliencia del sector frente a estas eventualidades.
El dirigente cívico remarca que el sector agrícola desempeña un papel esencial en garantizar la soberanía alimentaria del país. Por ello, considera que las políticas públicas deberían orientarse hacia el apoyo y fortalecimiento de los productores agrícolas mediante incentivos, mejoras estructurales e inversiones estratégicas, en lugar de imponer cargas tributarias adicionales que podrían tener efectos contraproducentes.
Finalmente, se advierte que si se implementa este impuesto del 5% sobre las ventas agrícolas, es muy probable que dicho costo sea trasladado a los consumidores finales. Esto implicaría un aumento en los precios de la canasta básica familiar, afectando directamente a las familias y a la economía doméstica en general. En consecuencia, esta medida podría generar un impacto negativo sobre uno de los sectores más vulnerables y profundizar las dificultades económicas ya existentes dentro del país.
En suma, desde distintos sectores sociales se hace un llamado urgente al Gobierno para reconsiderar esta iniciativa tributaria y priorizar políticas públicas integrales que realmente fortalezcan al productor agrícola boliviano; aquel actor fundamental para mantener la estabilidad alimentaria y económica nacional. La tensión entre propuestas legislativas y necesidades reales del campo refleja una problemática compleja cuya resolución requiere diálogo abierto y medidas concretas orientadas al desarrollo sostenible del país
