Los viticultores del valle central de Tarija mantienen una firme expectativa en torno a un fideicomiso de 100 millones de dólares, solicitado con la intención de fortalecer y ampliar la producción de uva en la región. Esta petición se remonta al compromiso asumido por los candidatos parlamentarios durante la campaña electoral del año pasado, cuando se comprometieron a gestionar estos recursos para impulsar el sector vitivinícola local. José Luis Sánchez, vocero de los productores de uva, vino y singani, recordó esta promesa y enfatizó la necesidad urgente de concretar este financiamiento para garantizar la sostenibilidad y crecimiento del rubro.
Los productores explican que la inversión requerida es considerablemente alta para el productor individual, estimando que se necesitan entre 30 mil y 40 mil dólares por hectárea para cultivar variedades específicas como varietal o moscatel. Este monto incluye la implementación de sistemas modernos de riego por goteo, fundamentales para asegurar un suministro constante de agua, factor clave para mantener una productividad óptima en un clima donde la disponibilidad hídrica puede ser variable. Sánchez subrayó que estos recursos no están al alcance directo del productor promedio, lo que hace imprescindible la intervención estatal mediante mecanismos financieros adecuados.
La propuesta planteada consiste en establecer un fideicomiso con condiciones favorables, como créditos blandos o recompras de deuda con tasas de interés bajas, que permitan a los productores acceder a capital sin enfrentar cargas financieras desproporcionadas. El vocero mostró confianza en la capacidad del sector para asumir estas obligaciones y cumplir con los pagos en un plazo razonable, estimando que en una década podría lograrse una expansión significativa desde las actuales 2.700 a 2.800 hectáreas hasta unas 10.000 hectáreas cultivadas. Este crecimiento implicaría una circulación económica anual estimada en 500 millones de dólares para Tarija, lo que tendría un impacto positivo considerable en la economía regional.
Además del aspecto económico directivo, Sánchez destacó las condiciones laborales y sociales vinculadas a esta actividad agrícola. Actualmente, unas mil personas provenientes principalmente de Chuquisaca y Potosí trabajan durante la cosecha, recibiendo pagos por caja o jornal que oscilan entre 120 y 180 bolivianos según su experiencia y habilidad. Sin embargo, estas personas enfrentan condiciones precarias en cuanto a vivienda e infraestructura básica; carecen de acceso adecuado a agua potable y alcantarillado sanitario debido a deficiencias municipales. Esta realidad evidencia un vacío importante en materia social que el Estado aún no ha abordado plenamente, lo cual repercute negativamente tanto en el bienestar de los trabajadores como en la calidad general del sector productivo.
El modelo financiero propuesto ya ha sido probado con éxito anteriormente: se otorgan préstamos bajo planes estructurados que permiten al productor pagar sus compromisos mientras amplía su área cultivada y asegura producción más allá del ciclo anual habitual. Esta estrategia dinamiza no solo el sector agrícola sino también otras actividades económicas relacionadas, generando empleo e ingresos estables para la región. Por ello, los viticultores insisten en que no buscan donaciones sino facilidades crediticias responsables que impulsen el crecimiento sostenible.
No obstante, Sánchez manifestó su preocupación ante ciertos espacios políticos donde no se ha incluido a los pequeños productores dentro del diálogo productivo nacional. Mencionó específicamente una cumbre realizada entre empresarios y gobierno donde no fueron convocados representantes del sector uva local, posiblemente porque se privilegió únicamente a grandes productores industriales. Esta exclusión refleja una desconexión entre las políticas planteadas desde el Estado o sectores empresariales y las necesidades reales del grueso de quienes trabajan directamente en el campo.
En este sentido, es relevante destacar que aproximadamente el 70% de los productores vitivinícolas tarijeños son pequeños agricultores familiares o medianos productores que requieren apoyo específico para potenciar su capacidad productiva y contribuir efectivamente al desarrollo económico regional. Mientras tanto, solo un 30% corresponde a grandes industriales que ya cuentan con ciertos beneficios o subsidios estatales. Por ello resulta fundamental canalizar parte importante del financiamiento proveniente de organismos multilaterales como el Banco Mundial o la CAF hacia estos pequeños actores productivos.
En definitiva, la solicitud del fideicomiso por 100 millones de dólares representa una oportunidad clave para consolidar un sector estratégico dentro de Tarija cuyo impacto trasciende lo agrícola e involucra aspectos sociales y económicos más amplios. La concreción de esta iniciativa dependerá no solo del cumplimiento político asumido por los parlamentarios sino también del compromiso efectivo para diseñar políticas inclusivas orientadas hacia quienes realmente sostienen la producción vitivinícola local: los pequeños agricultores. Solo así podrá materializarse un desarrollo equilibrado capaz de generar empleo digno, mejorar condiciones laborales e incrementar significativamente el aporte económico regional mediante una producción sustentable y competitiva
