Semanas de intensas protestas sacudieron el centro político de Tarija, protagonizadas por diversos sectores sociales que manifestaron su firme oposición al proyecto de Ley de Emergencia Financiera impulsado por el ejecutivo departamental.
Organizaciones de campesinos, trabajadores del sector salud, representantes de adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros colectivos, convergieron en su rechazo a la iniciativa legislativa. Argumentan que la propuesta gubernamental pone en riesgo la continuidad de programas sociales fundamentales para estas poblaciones, tales como el Prosol, la canasta alimentaria para adultos mayores, el paquete alimentario destinado a personas con discapacidad, y la crucial asignación de plazas para profesionales de la salud en los niveles primario y secundario de atención.
En un contexto marcado por la creciente tensión social y la crisis económica, la Asamblea Legislativa Departamental se vio inmersa en una parálisis operativa. La mayoría de los asambleístas titulares optaron por la suplencia, circunstancia que privó a la directiva del cuórum necesario para convocar a sesiones a lo largo de la semana. Esta situación generó críticas sobre la responsabilidad de los legisladores ante la urgencia de abordar la delicada situación financiera del departamento.
Ante este panorama, el gobernador departamental, Oscar Montes, presentó una nueva propuesta legislativa orientada a la reducción de la escala salarial de altos funcionarios. La medida abarcaría al propio gobernador, asambleístas, subgobernadores, secretarios y directores.
La iniciativa del ejecutivo encontró eco favorable en diversos sectores sociales e incluso entre algunos asambleístas, quienes manifestaron su disposición a la reducción salarial. No obstante, la asambleísta Juanita Miranda, perteneciente al Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló la inexistencia de una fecha programada para el debate de los proyectos de ley pendientes. Atribuyó esta demora a la ausencia de la directiva completa, imposibilitada de convocar a sesión debido a las solicitudes de suplencia. Miranda explicó que el reglamento interno establece un periodo de suplencia semanal para los asambleístas, lo que impide la actividad legislativa en estas circunstancias.
Por su parte, la asambleísta Delia García, representante de la agrupación Unidos, expresó su preocupación por la falta de análisis previo de las iniciativas de reducción salarial presentadas por el gobernador. García denunció que proyectos anteriores con el mismo objetivo no fueron siquiera considerados en las comisiones legislativas correspondientes, sugiriendo la existencia de resistencia a la reducción de sueldos entre algunos legisladores. García manifestó su esperanza de que el nuevo proyecto sea tratado y permita demostrar un compromiso real con la adopción de medidas de austeridad.
En un pronunciamiento público, la Federación de Campesinos de Tarija instó a la Asamblea Legislativa Departamental a aprobar de manera expedita la Ley de reducción de la escala salarial. Según estimaciones de la organización campesina, esta medida generaría un ahorro superior a los nueve millones de bolivianos únicamente en concepto de remuneraciones
