Diversos sectores en Tarija, incluidos representantes de la Central Obrera Departamental (COD), la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), ex trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (exSedeca), campesinos, personal del sector salud, adultos mayores y personas con discapacidad, han manifestado su desacuerdo con la propuesta de ley de emergencia financiera presentada por la Gobernación.
La situación ha generado un clima de tensión en el ámbito político, ya que varios legisladores nacionales han instado al gobernador Oscar Montes a realizar un proceso de socialización de la normativa antes de su discusión en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT). No obstante, el gobernador ha ejercido presión sobre la ALDT para que apruebe la ley, advirtiendo que, de no hacerlo, presentará un plan en abril para el cierre gradual de las distintas unidades de la Gobernación.
En respuesta a esta situación, representantes de los sectores mencionados se han movilizado nuevamente, exigiendo que se lleve a cabo un diálogo inclusivo en el que se escuchen sus preocupaciones antes de que la ley sea tratada legislativamente. El diputado Adrián Vega, de Comunidad Ciudadana (CC), ha expresado su preocupación por las implicaciones que esta normativa podría tener en la población, instando a la Gobernación y a la Asamblea a fomentar un espacio de discusión y consenso.
Vega subrayó la importancia de abordar las dificultades económicas sin comprometer los derechos de los ciudadanos, comparando esta situación con el contexto nacional, donde se aprueban leyes sin una previa consulta a los afectados, lo que a menudo conduce a protestas y bloqueos.
El líder de los trabajadores de salud en Tarija, Omar Velásquez, ha criticado la ley, argumentando que esta atenta directamente contra el sector salud y otros ámbitos vitales. Velásquez considera que el discurso sobre un salvataje financiero es engañoso, puesto que la ley no busca realmente ayudar, sino limitar derechos y eliminar programas esenciales.
Por su parte, Herber Quispe, representante de la Federación de Campesinos, ha declarado que su sector se encuentra en estado de emergencia y planea movilizaciones continuas, ya que la normativa amenaza el Programa Solidario Comunal (Prosol). Quispe ha solicitado a los miembros de la Comisión de Hacienda de la ALDT que emitan un informe de rechazo a la ley, advirtiendo que su aprobación podría ser devastadora para los diferentes sectores sociales en el departamento.
El gobernador Montes ha reiterado que si la ALDT no aprueba la ley, procederá con el cierre gradual de las unidades de la Gobernación, dejando claro que se espera una resolución antes de los primeros días de abril
