A pesar de los avances significativos en la planificación y preparación, el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tarija enfrenta una considerable incertidumbre respecto a su ejecución. Aunque los terrenos en Cabeza de Toro han sido asegurados, el diseño final actualizado está completado y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha manifestado su compromiso de financiar la obra, la materialización del financiamiento y la eventual construcción siguen siendo interrogantes clave.
En mayo de este año, se había anticipado que el contrato con la CAF se consolidaría en junio. Sin embargo, ese plazo transcurrió sin que el acuerdo se formalizara. El costo total del proyecto ha sido revisado al alza, alcanzando los 65 millones de dólares. Esta cifra no solo cubre la construcción de la PTAR, sino también el cierre definitivo de las actuales lagunas de oxidación y la posterior transformación de esa área en un parque.
El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, ha señalado que el proceso de financiamiento muestra un 80% de progreso, con la firma de acuerdos previos al contrato. No obstante, reconoció que la obra no podrá ser ejecutada durante la actual gestión gubernamental. La aprobación final del crédito requiere el visto bueno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), un proceso que, según el ministro, se complica por el actual escenario de fragmentación política. Al ser consultado sobre los plazos, Ruiz fue explícito al indicar que la responsabilidad de la ejecución recaerá en la próxima administración.
Actualmente, el financiamiento que la CAF ha preaprobado se encuentra en fase de revisión en Estados Unidos, a la espera de la autorización definitiva. Frente a las críticas que califican el proyecto de demagógico, el ministro Ruiz ha defendido la labor realizada, atribuyendo las objeciones a intereses de protagonismo. Sin embargo, la dilación ha provocado una creciente frustración entre diversos sectores de la ciudadanía.
La voz de los vecinos de Tarija refleja este descontento. Celestino Barro, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), manifestó su profunda decepción por la falta de resultados concretos. Expresó que la comunidad albergaba grandes esperanzas de que el proyecto se concretara bajo la gestión de un ministro tarijeño. Barro enfatizó que la aprobación de la CAF es solo un paso inicial, ya que el financiamiento, al ser un crédito y no una donación, requiere la elaboración de un proyecto de ley y su posterior aprobación por la Asamblea. El dirigente vecinal sugirió que los avances previos pudieron haber estado motivados por intereses políticos del oficialismo, buscando apoyo popular, lo que ahora ha derivado en un nuevo estancamiento.
Barro subrayó la urgencia de la PTAR, considerándola una infraestructura vital para Tarija debido a su impacto directo en el medio ambiente y la salud pública. Alertó sobre la grave contaminación del río Guadalquivir, que recibe aguas residuales sin tratamiento adecuado, y el colapso de las lagunas de oxidación de San Luis. Criticó la inacción de los representantes departamentales en la Asamblea, lamentando que sus promesas políticas no se traduzcan en acciones efectivas.
Desde el barrio San Luis, Gabriela Panique, su presidenta, lamentó que el tiempo no haya permitido al ministro Ruiz culminar el proyecto. Expresó su preocupación por la persistente contaminación que afecta a los barrios aledaños a las lagunas de oxidación y al río Guadalquivir. Panique mantiene la esperanza de que aún se pueda lograr algo, calificándolo de un milagro necesario para resolver el problema de las aguas residuales en Tarija.
La dirigente vecinal también responsabilizó a la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) por no haber implementado medidas para mitigar la contaminación de las lagunas de oxidación. Panique insistió en que sin una PTAR, no habrá una solución definitiva. Los residentes de San Luis llevan más de tres décadas esperando esta infraestructura, y la situación, lejos de mejorar, empeora. Cada día, entre seis y siete cisternas descargan en las lagunas de oxidación, generando gases tóxicos que afectan la salud de los vecinos, quienes se sienten desamparados ante la falta de acción. La esperanza de los habitantes de Tarija ahora recae en la aprobación del financiamiento por parte de los parlamentarios y, finalmente, en la ejecución del proyecto por la próxima administración
