Representantes de las naciones Guaraní, Weenhayek y Tapiete del departamento de Tarija, articuladas a través de sus organizaciones matrices —la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Organización de Capitanías Weenhayek (ORCAWETA) y la Asamblea del Pueblo Indígena Tapiete (APIT)—, convergieron en Yacuiba para emitir un contundente pronunciamiento conjunto en defensa de su representación en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT).
Las tres naciones expresaron su enérgico rechazo a la reciente aprobación de una normativa que propone una reforma parcial al Estatuto Autonómico de Tarija, la cual contempla la reducción de tres a dos los escaños asignados a los pueblos indígenas en el ente legislativo departamental. Esta determinación fue calificada de arbitraria, ilegal, inconstitucional y discriminatoria, al considerar que infringe derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado.
Los pueblos indígenas denunciaron la ausencia de una consulta previa, libre e informada para la implementación de esta reforma, lo que, a su juicio, contraviene normativas constitucionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Bolivia. Subrayaron que la modificación estatutaria no fue consensuada con los pueblos originarios, lo que denota un desconocimiento de su participación efectiva, de sus derechos colectivos y del principio de representación plural.
Consideran que la determinación adoptada por el órgano legislativo departamental constituye una regresión en el ejercicio de sus derechos políticos, forjados tras décadas de lucha y resistencia. La exclusión deliberada de sus comunidades en decisiones que afectan directamente su representación política es percibida como un atentado contra los pilares de la democracia, la justicia social y la inclusión genuina en el proceso autonómico departamental.
Ante este panorama, las tres naciones indígenas se declararon en estado de emergencia permanente y se reservan el derecho de iniciar acciones legales y constitucionales ante las instancias pertinentes. Exigen al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que actúe como garante del respeto a los derechos fundamentales y declare la inconstitucionalidad de la reforma estatutaria, en resguardo del principio de progresividad de los derechos humanos y la intangibilidad de los derechos colectivos indígenas.
Asimismo, demandaron a la Asamblea Legislativa Departamental y al gobernador, Oscar Montes, que desistan de cualquier acción que menoscabe la representación indígena y que, en su lugar, convoquen a un proceso de reforma amplio, participativo e incluyente, donde los pueblos originarios tengan voz y voto como actores históricos y fundamentales en la construcción de la autonomía departamental.
En un acto de firmeza, se determinó la designación de personas no gratas para los veinte asambleístas que dieron su aprobación a la cuestionada reforma. Se les acusó de haber traicionado el principio constitucional de representación plural y de haber actuado sin el consentimiento de las bases indígenas. Se advirtió que los nombres de estos legisladores quedarán grabados en la memoria colectiva de las comunidades, al ser considerados responsables de un acto que representa una regresión democrática y una vulneración de derechos. En consecuencia, se les negó la bienvenida en sus territorios ancestrales y se les retiró el reconocimiento como interlocutores legítimos ante sus comunidades.
Finalmente, el pronunciamiento reafirmó la vocación de paz, diálogo y construcción colectiva de los pueblos indígenas, al tiempo que sentó su inquebrantable determinación de no ceder terreno en la defensa de sus prerrogativas. Reafirmaron su compromiso con la lucha, enfatizando que sus derechos y representación no son objeto de negociación
