El puente 4 de Julio, una obra emblemática en la ciudad de Tarija, se encuentra en medio de un complicado panorama legal debido a los retrasos en su construcción y la rescisión del contrato con la empresa responsable. Las autoridades municipales han tomado la decisión de reclamar una suma de 14 millones de bolivianos en multas a la constructora Convisa, que no logró cumplir con los plazos establecidos para la finalización del proyecto.
Marcela Guerrero, concejal y presidenta de la Comisión Jurídica del Concejo Municipal, comentó que esta sanción se debe a un retraso de 278 días en la entrega del puente. Este proyecto ha suscitado diversas opiniones sobre su relevancia y la gestión de los recursos públicos. Para esclarecer la situación, el Municipio llevó a cabo una auditoría interna que fue enviada a la Contraloría General del Estado el pasado 18 de septiembre.
Guerrero subrayó la relevancia de este informe, ya que permitirá a la Contraloría verificar si la ejecución del proyecto se ajustó a lo estipulado en el contrato y si se realizó la supervisión técnica adecuada. Además, el Municipio ha solicitado formalmente a la Contraloría que priorice la revisión de este informe, considerando la necesidad de recuperar los 14 millones de bolivianos y asegurar que la construcción del puente cumpla con los estándares requeridos.
El puente 4 de Julio es considerado uno de los proyectos más ambiciosos y discutidos en la capital chapaca. Su construcción comenzó en julio de 2018, pero en agosto de 2022 se tomó la decisión de rescindir el contrato con Convisa. Sin embargo, en la actualidad, la obra ha sido reactivada con la incorporación de una nueva empresa constructora, que tiene la expectativa de finalizar el puente antes de que concluya el año
