El equipo económico de la coalición Libre, que respalda la candidatura presidencial de Tuto Quiroga, se encuentra en la fase final de estructuración de un plan de estabilización inmediata. Este programa busca abordar de manera frontal la actual crisis de liquidez, la escasez energética y la creciente desconfianza en el sistema financiero del país. Entre las acciones prioritarias, se contemplan medidas contundentes para cortar el financiamiento del Banco Central de Bolivia al sector público.
Una de las propuestas centrales para enfrentar la coyuntura crítica es la obtención de una línea de financiamiento de emergencia, estimada en mil millones de dólares. Estos recursos tendrían como propósito primordial asegurar el suministro de combustibles y el abastecimiento general para la población durante un periodo crítico de tres a cuatro meses. Este lapso estratégico permitiría implementar las reformas estructurales necesarias, incluyendo la coordinación con el sector privado para desregular la importación de carburantes. Se busca definir la logística y el uso de la infraestructura existente, incluso la de YPFB y otros actores, para que la importación se convierta en una actividad gestionada por el sector privado, con el apoyo estratégico del Estado. Las condiciones de este financiamiento, proveniente de organismos multilaterales, se perfilan como altamente ventajosas, con tasas de interés inferiores a las del mercado y plazos de amortización amplios, lo que representa una opción más favorable que el endeudamiento con el sector privado. Al ser créditos puente, su diseño es flexible, orientado a estabilizar una situación de urgencia sin incrementar la deuda estructural del país.
En el ámbito de la confianza financiera, una de las medidas clave presentadas a organismos internacionales se enfoca en la utilización de recursos de libre disponibilidad. Existe un consenso generalizado con estas instituciones sobre la necesidad imperante de que el Estado devuelva a los bancos, y estos a los ahorristas, los casi dos mil millones de dólares que los ciudadanos depositaron y que fueron absorbidos por el Banco Central. La restauración de esta deuda interna es considerada fundamental, ya que la preferencia por atesorar divisas fuera del circuito bancario —en hogares, cajas de seguridad o en el extranjero— dificulta la reactivación económica. Priorizar la devolución de estos fondos es esencial para reconstruir la credibilidad, sin que ello implique un aumento de la deuda pública, pues se trata de reemplazar una obligación interna con financiamiento externo en mejores condiciones. Los organismos multilaterales coinciden en que esta es una acción indispensable para la estabilidad del sistema financiero y la recuperación de la confianza.
Otro pilar fundamental del programa económico es la unificación del tipo de cambio. La existencia de un tipo de cambio oficial poco utilizado y un paralelo fluctuante, determinado por el mercado informal, plataformas de criptomonedas o cambistas, genera una incertidumbre que distorsiona las decisiones económicas. La meta es retornar a un esquema de determinación cambiaria que ofrezca previsibilidad y variaciones graduales. El nuevo tipo de cambio se establecería en un punto intermedio, más alto que el oficial y más bajo que el paralelo, requiriendo suficientes reservas en dólares para su defensa. Aquí radica la importancia de los créditos de libre disponibilidad: contar con reservas líquidas adecuadas garantizará que cualquier persona pueda adquirir dólares, eliminando incentivos para recurrir al mercado paralelo. Esta certidumbre cambiaria, a su vez, facilitará un ajuste gradual de los subsidios a los carburantes, evitando sobresaltos sociales.
Respecto al plan de propiedad ciudadana, los pasos concretos para su implementación, garantizando la seguridad jurídica, comenzarán con la creación de un registro nacional de beneficiarios. Este registro empleará sistemas de identificación biométrica avanzada, como huella digital y escaneo ocular, para prevenir duplicaciones y asegurar que cada ciudadano sea titular de una única acción. Posteriormente, se llevará a cabo un proceso exhaustivo de auditoría y transparencia de las empresas estatales involucradas, con el fin de determinar el valor real de sus activos y, consecuentemente, el valor de cada acción popular. Este proceso no afectará los contratos existentes, ya que las acciones a distribuir provienen de la propiedad estatal que se transferirá a los ciudadanos. Se concibe como un proceso ordenado que fortalecerá la confianza, acercará la gestión de los recursos al pueblo y permitirá que cada boliviano se convierta en accionista directo del patrimonio nacional.
Finalmente, se anticipa la aplicación de medidas de austeridad drásticas desde los primeros días de un eventual gobierno, enfocadas en la transparencia y la estabilidad. La primera acción será cortar el financiamiento del Banco Central al Gobierno, dado que la presión inflacionaria actual obedece, en gran medida, a factores monetarios derivados de la emisión de dinero para cubrir el déficit y la compra de oro. También se implementará una reforma inmediata del gasto público, priorizando la eficiencia y la austeridad. Todo contrato o licitación deberá ser público y competitivo, eliminando las adjudicaciones directas y discrecionales. Se creará un organismo independiente de supervisión de compras estatales, donde los ciudadanos podrán denunciar irregularidades o licitaciones amañadas, lo que se espera reduzca los sobreprecios y mejore el uso de los recursos públicos. En síntesis, estas acciones no buscan impactar a la ciudadanía, sino combatir la corrupción, la falta de transparencia y el dispendio de recursos
