Los colegios de abogados de Chuquisaca y Tarija han manifestado su fuerte rechazo ante la destitución de tres fiscales que estaban llevando a cabo una investigación sobre el dirigente cocalero Evo Morales, en relación con presuntos delitos de trata y tráfico de personas.
En un comunicado, el Colegio de Abogados de Tarija expresó su más contundente desaprobación hacia las acciones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, quien destituyó de manera considerada irregular a la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez. Esta decisión se produjo tras la emisión de una orden de aprehensión contra Morales, y afectó a los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco, que estaban investigando al exmandatario por un caso de abuso sexual a una menor de 15 años, con quien supuestamente tendría una hija.
El Colegio de Abogados de Tarija calificó la destitución como un ataque a los derechos de la ciudadanía y a la credibilidad de las instituciones encargadas de la justicia. Por su parte, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) expresó su preocupación por las implicaciones que esta acción tiene en la defensa de los derechos de los menores.
El ICACH condenó la actuación del fiscal general, afirmando que la destitución de los fiscales responsables de investigar a Morales es un claro indicativo de un intento por obstruir la justicia. En su comunicado, reafirmaron su compromiso con la protección de los derechos de todos los bolivianos, especialmente de los más vulnerables.
A través de un instructivo, Lanchipa ordenó que el caso pasara a manos de la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, Alejandra Sally Rocha, y del fiscal Ricardo Diego Caballero. También instruyó a Gutiérrez que anulara cualquier comisión previamente designada para el caso.
La orden de aprehensión contra Morales fue emitida por un grupo de fiscales tras la evaluación de pruebas e informes de inteligencia. Este grupo incluía a la directora de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, así como a Guerrero y Soruco. Sin embargo, antes de que se pudiera hacer efectiva la notificación, se presentó una acción de libertad en Santa Cruz que afectó a Guerrero y Soruco, aunque no a Obando, lo que resultó en la anulación de la resolución de aprehensión contra Morales
