El anuncio del presidente Luis Arce sobre el envío de las preguntas para un referéndum al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha suscitado una ola de rechazo en diversas regiones de Bolivia, especialmente en Tarija. Líderes cívicos y políticos de la región han expresado su preocupación sobre la constitucionalidad y la relevancia de esta consulta popular, que abarca temas como la subvención de combustibles, la reelección indefinida y la redistribución de escaños legislativos.
Jesús Gira, presidente del Comité Cívico de Tarija, ha calificado la iniciativa como “inconstitucional”, señalando que la pregunta sobre la reelección presidencial es similar a la que se planteó en el referéndum de 2016, propuesto por el ex presidente Evo Morales. Gira cuestionó por qué el actual presidente no ha seguido el mismo procedimiento legislativo, sugiriendo que la falta de una mayoría en la Asamblea Plurinacional ha llevado a Arce a buscar alternativas a través de un decreto.
Además, Gira criticó la ambigüedad de las preguntas sobre la subvención de combustibles, argumentando que estas decisiones son de competencia presidencial según la Ley 3058 y no deberían ser sometidas a votación popular. En cuanto a la redistribución de escaños, advirtió que esta medida podría perjudicar a Tarija, ya que la región ha experimentado un crecimiento demográfico que justifica una representación adecuada.
El Comité Cívico de Tarija no descarta la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones en contra del referéndum, y se están considerando acciones conjuntas con otros movimientos cívicos a nivel nacional.
Por su parte, el Gobernador de Tarija, Oscar Montes, ha manifestado sus dudas sobre la legalidad del referéndum y la utilidad de algunas de las preguntas propuestas. En relación a la subvención de combustibles, Montes anticipó que el resultado probablemente será en contra de su eliminación, pero cuestionó qué sucederá si se decide mantenerla indefinidamente, dado que el financiamiento para estas subvenciones ha disminuido considerablemente.
Montes también se mostró escéptico respecto a la pregunta sobre la reelección, recordando que este asunto ya había sido abordado previamente. Consideró que un referéndum dirigido a un individuo en particular, en este caso Evo Morales, resulta innecesario. En cuanto a la redistribución de escaños, sugirió que podría ser un intento de evitar conflictos en regiones que podrían perder representación, aunque advirtió que no debería implicar un aumento en el presupuesto de la Asamblea, especialmente en un contexto de crisis económica.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, fue aún más contundente en su crítica, argumentando que las decisiones de Estado no deben ser delegadas al pueblo. Torres subrayó que la cuestión de la subvención de combustibles es una responsabilidad gubernamental y no debería ser objeto de consulta. También se opuso firmemente a la reelección indefinida, recordando el referéndum del 21 de febrero donde se estableció que la reelección debe ser limitada y aplicable a todos los cargos, incluido el de alcalde.
Las declaraciones de estos líderes tarijeños evidencian un descontento generalizado hacia la propuesta del referéndum, planteando serias dudas sobre su constitucionalidad y las implicaciones de las preguntas formuladas. Este rechazo en Tarija se suma a las críticas que han surgido en otras partes del país, lo que podría señalar un panorama de creciente tensión política y social en Bolivia. La posibilidad de movilizaciones y acciones coordinadas entre diversos movimientos cívicos sugiere que el camino hacia la realización del referéndum enfrentará significativos desafíos
