La posibilidad de reducir el número de miembros en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) antes de las próximas elecciones subnacionales ha sido descartada. Los comicios están previstos para la primera quincena de marzo, y las nuevas autoridades asumirán funciones el 3 de mayo, dejando un margen de tiempo insuficiente para completar el complejo proceso que implica esta reforma.
La iniciativa para disminuir el tamaño de la ALDT no es reciente; es una demanda planteada desde hace varios años por diversas instituciones tarijeñas. Esta solicitud se fundamenta en la disminución de los ingresos departamentales, el elevado costo operativo del órgano legislativo y las percepciones sobre su baja productividad. Actualmente, la Asamblea cuenta con 30 asambleístas titulares y 30 suplentes. A pesar de la existencia de múltiples propuestas legislativas orientadas a lograr esta reducción, no se ha manifestado la voluntad política necesaria dentro de la Asamblea para impulsarlas.
Expertos en derecho autonómico y procedimientos electorales han detallado los pasos requeridos para llevar a cabo esta modificación. Inicialmente, se necesita la aprobación de una ley departamental con el respaldo de dos tercios de los miembros de la ALDT, con el propósito específico de reformar el Estatuto Autonómico de Tarija.
Posteriormente, la propuesta de reforma estatutaria debe someterse a la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para obtener una declaración de constitucionalidad. Este proceso implica un análisis detallado de los cambios propuestos en el Estatuto para asegurar su compatibilidad con la Constitución Política del Estado.
Una vez superadas las etapas legal y constitucional, la reforma debe ser ratificada mediante un referéndum departamental. La organización de esta consulta popular demanda una inversión económica significativa, cuya financiación recae en la Gobernación, aspecto que se considera complicado debido a la actual situación de escasez de recursos.
Las autoridades electorales han explicado que el mandato constitucional de las autoridades actuales finaliza el 3 de mayo de 2026. La normativa establece que la convocatoria a elecciones subnacionales debe emitirse entre 120 y 150 días antes de la fecha de los comicios, lo que sitúa la probable fecha de votación en la primera quincena de marzo.
El Órgano Electoral Plurinacional se encuentra actualmente concentrado en las tareas derivadas de las recientes elecciones generales y la posesión de las nuevas autoridades nacionales, que se concretará a principios de noviembre. A partir de esa fecha, la planificación se centrará en las elecciones subnacionales de marzo.
La organización de un referéndum departamental es un proceso que, idealmente, requiere al menos 120 días, y no menos de 90, una vez que se han completado los pasos legales y constitucionales previos y se ha asegurado el presupuesto. Dada la proximidad de la fecha límite para la convocatoria a elecciones subnacionales y la complejidad de los trámites pendientes (aprobación de ley, revisión constitucional, asignación presupuestaria y organización del referéndum), el tiempo disponible en la actual legislatura resulta insuficiente.
Ante esta situación, se ha planteado la sugerencia de que la actual Asamblea apruebe la ley de reducción de asambleístas antes de concluir su gestión. Esto permitiría que la siguiente legislatura pueda encargarse de las etapas subsiguientes, como la definición del presupuesto para el referéndum, la formulación y envío de la pregunta al TCP y, finalmente, la organización de la consulta popular.
Sin embargo, se observa una falta de consenso dentro de la Asamblea respecto a este tema. Aunque existen diversas propuestas y declaraciones públicas de los asambleístas, aún no se ha adoptado una decisión definitiva.
Representantes de organizaciones cívicas han manifestado su pesar por la percibida inacción y la ausencia de voluntad política en el órgano legislativo para avanzar en la reducción de curules. Si bien reconocen el esfuerzo de algunos legisladores que han socializado proyectos de ley en las provincias, cuestionan la falta de acompañamiento por parte del resto de los miembros.
Los líderes cívicos coinciden en que la acción más viable para la actual Asamblea es dejar aprobada la ley de reducción, facilitando así que el procedimiento pueda ser continuado por la próxima legislatura
