La región de Tarija experimentó una significativa disminución en sus ingresos por regalías de hidrocarburos durante el mes de septiembre, recibiendo un total de 20 millones de bolivianos. Esta cifra contrasta notablemente con los 30 millones de bolivianos que se habían proyectado en el presupuesto aprobado para el presente año.
Esta reducción puntual es indicativa de una tendencia que se espera impacte severamente las finanzas departamentales a lo largo del año. Se estima que, debido a estas mermas, la administración regional dejará de percibir aproximadamente 150 millones de bolivianos del monto originalmente presupuestado. Tal déficit representa un 30% del presupuesto inicial de 450 millones de bolivianos que se había establecido para el ejercicio en curso.
Ante este panorama, el ejecutivo departamental ha confirmado la recepción de los 20 millones de bolivianos correspondientes a septiembre y ha delineado las prioridades para su distribución. La escasez de recursos ha obligado a la gobernación a implementar ajustes progresivos en sus gastos, buscando evitar desequilibrios financieros mayores hacia el cierre del año.
La situación se agrava por las obligaciones financieras preexistentes. Cada mes, la administración debe destinar 6 millones de bolivianos al pago de una deuda derivada de un fideicomiso de gestiones anteriores, lo que reduce aún más la disponibilidad de fondos. Esta presión financiera ha provocado retrasos en el pago de remuneraciones al personal. Los trabajadores de los primeros dos niveles de la gobernación aún esperan el pago de sus salarios de julio, y se anticipa que los de agosto y septiembre también se verán afectados. Para el personal del tercer nivel, la remuneración de septiembre está pendiente.
Además de los salarios, varios programas y transferencias esenciales se encuentran comprometidos. Para los municipios, la asignación mensual requerida es de 2 millones de bolivianos, pero solo se puede disponer de 1 millón. De manera similar, el programa Prosol, que demanda 4 millones de bolivianos al mes, apenas puede recibir 1.5 millones. No obstante, se ha confirmado que se procederá con el pago de las canastas alimentarias destinadas a adultos mayores y el paquete alimentario para personas con discapacidad, priorizando estas importantes asistencias sociales. La autoridad ejecutiva departamental ha señalado que la insuficiencia de fondos dificulta el cumplimiento de múltiples compromisos
