La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario ha indicado que aguardará informes complementarios de la Policía Boliviana antes de emitir una declaración oficial respecto al cumplimiento de una reciente resolución judicial. Dicha disposición instruye el traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde el centro penitenciario de Chonchocoro hacia la capital cruceña, donde debe presentarse a una audiencia presencial vinculada al denominado caso “Decretazo”. La entidad tiene previsto formalizar su postura este miércoles, una vez que haya recibido y analizado la totalidad de la documentación pertinente.
Los representantes legales del gobernador han advertido que esta sentencia no admite dilaciones, y que su incumplimiento podría configurar un delito por desobediencia a resoluciones de carácter constitucional. Se ha señalado que, previamente, se registraron catorce intentos fallidos para la realización de estas audiencias. El más reciente de estos intentos, ocurrido en junio, no pudo concretarse debido a que la dirección departamental de Régimen Penitenciario en La Paz declinó autorizar la adquisición de pasajes aéreos, aduciendo falta de presupuesto, escasez de combustible y la presencia de bloqueos camineros.
Consultado sobre la situación, un viceministro de Régimen Interior manifestó no tener conocimiento oficial de la orden de traslado. Explicó que la Dirección de Régimen Penitenciario es la instancia encargada de estas gestiones y que sus acciones son autónomas, reiterando su falta de información formal sobre los detalles específicos de este caso.
El caso “Decretazo” se origina en la emisión del Decreto Departamental 373, suscrito por Camacho en 2022, mediante el cual delegó temporalmente sus funciones al secretario de Gestión Institucional. Sin embargo, la normativa autonómica y la Constitución Política del Estado establecen que esa atribución debió ser asumida por el vicegobernador. Por esta acción, el gobernador enfrenta cargos por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El juicio oral, que debía iniciarse a principios de 2024, ha sido pospuesto reiteradamente debido a la ausencia del acusado, quien permanece recluido en Chonchocoro desde finales de 2022.
La defensa de Camacho considera que la situación actual configura un desacato institucional que podría acarrear responsabilidades penales para aquellos que obstaculicen la ejecución del fallo. Han insistido en que las justificaciones previas, como la falta de recursos, problemas logísticos o supuestas amenazas externas, carecen de validez ante una sentencia constitucional que prioriza el derecho a la defensa y el debido proceso
