La restauración del río San Juan del Oro ha alcanzado una recuperación estimada del 90%, de acuerdo con información proporcionada por el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Efraín Rivera. Este avance significativo se logró tras un fallo judicial y la ejecución de acciones de mitigación. Rivera destacó que este proceso sienta un precedente importante en Bolivia para la preservación de los ecosistemas fluviales.
La necesidad de intervención surgió a raíz del colapso de diques pertenecientes a una cooperativa minera. Aunque la operación de la cooperativa se ubicaba en jurisdicción de Potosí, los efectos de la contaminación impactaron aguas abajo, en territorio tarijeño, lo que llevó a la Gobernación de Tarija a iniciar acciones legales, a pesar de que la cooperativa operaba en otra jurisdicción departamental.
Un juzgado agroambiental jugó un papel crucial en el proceso. Tras el incidente, se ordenó la paralización de las actividades mineras y la implementación de medidas correctivas. Como parte del seguimiento judicial, el juzgado designó a un perito especializado para evaluar la calidad del agua, los niveles hídricos y las obras civiles realizadas. El informe de este experto será fundamental para determinar los pasos a seguir.
Basándose en el dictamen del perito, las autoridades competentes, incluyendo la Gobernación, la Procuraduría y el municipio de El Puente, determinarán los pasos a seguir, que podrían incluir el inicio de acciones legales adicionales, como un juicio penal, o cualquier otra acción que consideren conveniente a futuro.
Entre las acciones de mitigación ejecutadas se encuentra el tapado de la mayoría de las piscinas construidas por la cooperativa. Una de estas estructuras, sin embargo, requiere un tratamiento técnico especializado debido a la presencia de componentes contaminantes que necesitan purificación antes de su sellado definitivo.
La Gobernación verificó el cumplimiento de las disposiciones judiciales mediante un recorrido de seis kilómetros a lo largo del río, constatando una mejora perceptible en la calidad del agua, que ha dejado de presentar el alto grado de turbidez y contaminación inicial. La entidad documentó el impacto inicial presentando videos y fotografías como evidencia de la situación antes de la intervención.
En una reflexión más amplia sobre el sector, Rivera expresó la necesidad de un mayor ordenamiento en la actividad minera a nivel nacional. Señaló que esta industria, si bien genera beneficios para el sector privado, a menudo carece de los controles necesarios y de una aplicación efectiva de la legislación, lo que limita el beneficio público y agrava los impactos ambientales. La respuesta a las acciones tomadas por la Gobernación ha generado expectativas en la población, llevando a que se presenten solicitudes para que se apliquen medidas similares frente a otras empresas con impacto ambiental
