La reciente sustracción de ocho invaluables piezas de las Joyas de la Corona de Francia del museo del Louvre ha puesto de manifiesto graves deficiencias en el sistema de seguridad del emblemático recinto cultural. El incidente, ocurrido en tan solo ocho minutos y valorado en más de cien millones de dólares, ha reavivado el debate sobre la protección de los vastos tesoros patrimoniales del país.
La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, reconoció públicamente la insuficiencia del sistema de videovigilancia exterior, calificándolo de obsoleto. Pese a que las alarmas internas del museo funcionaron durante el evento, la vulnerabilidad en las inmediaciones permitió la audaz incursión. Des Cars, quien en 2021 se convirtió en la primera mujer al frente de la institución, asumió su parte de responsabilidad por lo que describió como un terrible fracaso y una inmensa herida cultural, cuya magnitud ha sido comparada por algunos con el incendio de la Catedral de Notre-Dame en 2019. Se ha sabido que la directora presentó su dimisión al gobierno, la cual fue rechazada.
Como parte de las medidas propuestas para reforzar la seguridad, la presidenta sugirió la instalación de una comisaría de policía dentro del establecimiento y otras acciones a corto plazo, como la mejora de la vigilancia en las aceras y los alrededores del museo.
El suceso ha intensificado el escrutinio sobre el presidente Emmanuel Macron, la ministra de Cultura Rachida Dati y la propia Des Cars. Este incidente se produce meses después de que los empleados del museo realizaran una huelga, alertando sobre la crónica falta de personal y recursos para la protección de las numerosas salas y objetos expuestos.
Mientras tanto, la investigación avanza con la movilización de más de un centenar de investigadores. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó la progresión de las pesquisas. Los detalles preliminares revelan que los delincuentes obtuvieron un vehículo montacargas mediante un seudoalquiler para una supuesta mudanza. La fiscalía parisina, a través de su titular, Laure Beccuau, estimó los daños en 88 millones de euros, una cifra considerable pero que, según lamentó, no se compara con el valor histórico y cultural de las piezas. También advirtió que los ladrones no obtendrán el monto estimado si intentan fundir las joyas.
El incidente ha forzado al presidente Macron a ordenar la aceleración de las medidas de refuerzo de la seguridad en el establecimiento, que reabrió sus puertas al público tras permanecer cerrado desde el domingo del robo. En enero, ya se habían anunciado nuevas disposiciones para el Louvre, incluyendo un nuevo puesto de mando y una red ampliada de cámaras, cuya implementación, según el ministerio de Cultura, está en curso. Sin embargo, el reciente asalto plantea interrogantes cruciales sobre la relación entre los niveles de personal y la efectividad de las mejoras de seguridad.
Si bien obras icónicas como la Mona Lisa gozan de una protección hermética, resguardadas tras cristales a prueba de balas y en vitrinas con control climático, el robo ha expuesto las fisuras en otras áreas de un laberinto que alberga 33.000 objetos. Para muchos ciudadanos, este contraste representa una vergüenza pública, tocando una fibra sensible en el debate sobre el aumento de las multitudes y la sobrecarga de trabajo del personal en uno de los museos más visitados del mundo, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, el 80% de ellos extranjeros
