El presidente Rodrigo Paz ha retomado el debate sobre la propuesta de redistribución equitativa de los recursos públicos, conocida popularmente como el 50/50, insistiendo en la complejidad y los desafíos que implica su implementación. En su reciente visita a Sucre, donde se reunió con representantes del sector empresarial, el mandatario subrayó que para avanzar en esta iniciativa es imprescindible eliminar aproximadamente 60 leyes y 40 decretos que actualmente obstaculizan un cambio estructural en la administración estatal.
Este pronunciamiento se produjo en el marco de una reunión interinstitucional celebrada en la Casa Empresarial de Sucre, donde Paz destacó ante los medios que la propuesta no consiste únicamente en una simple repartición de fondos, sino que representa un proceso integral que requiere una reforma profunda del marco legal vigente. La eliminación de estas normativas obsoletas o contradictorias es vista como una condición sine qua non para lograr un verdadero fortalecimiento de las autonomías regionales y municipales.
La propuesta del 50/50 se había convertido ya durante la campaña electoral en un tema central dentro del debate político nacional. Su esencia radica en redistribuir los ingresos generados por el Estado para asegurar una asignación más equilibrada entre las diferentes regiones del país, beneficiando tanto a los municipios como a las gobernaciones. Esta idea ha ganado particular relevancia en el contexto de las próximas elecciones subnacionales previstas para 2026, especialmente en regiones como Santa Cruz, donde diversos candidatos han impulsado esta iniciativa como parte fundamental de sus plataformas electorales.
Paz enfatizó que uno de los principales obstáculos para avanzar con esta reforma ha sido la existencia de múltiples trabas legales y administrativas que frenan el proceso de fortalecimiento autonómico. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de generar un diálogo sincero y constructivo entre las distintas instancias gubernamentales, basado en la confianza mutua. Según el presidente, este cambio representa una transformación estructural del Estado que debe ir acompañada no solo por modificaciones normativas sino también por un compromiso compartido entre niveles de gobierno.
Además, aclaró que el objetivo no es simplemente repartir recursos sin más criterios, sino establecer responsabilidades compartidas en áreas clave como salud y educación. Estas son competencias fundamentales cuya gestión conjunta permitiría mejorar sustancialmente los servicios públicos ofrecidos a la población. Paz apuntó que hasta ahora este tipo de reformas no habían podido llevarse a cabo debido a lo que denominó un “Estado tranca”, es decir, una estructura rígida y burocrática que limita el desarrollo social y económico.
Las recientes declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, han generado cierta controversia al señalar que este proceso podría extenderse desde unos pocos días hasta una década para concretarse plenamente. Este pronóstico ha intensificado el debate público acerca del ritmo y alcance con que se implementará el 50/50, poniendo sobre la mesa las dificultades inherentes a transformar un sistema administrativo complejo y arraigado.
En definitiva, la propuesta 50/50 no solo plantea una cuestión financiera sino también política y jurídica profundamente vinculada con la descentralización y el fortalecimiento institucional. La voluntad expresada por el presidente Rodrigo Paz apunta a superar las barreras existentes mediante reformas legales sustanciales y un compromiso interinstitucional sólido. El éxito o fracaso de esta iniciativa tendrá implicaciones directas para las regiones del país y su capacidad para autogestionar recursos y servicios básicos, impactando así en la calidad de vida de sus habitantes. En este escenario, la interlocución entre gobierno central y gobiernos locales será clave para construir consensos duraderos y asegurar una distribución justa y eficiente del presupuesto público
