El presidente Rodrigo Paz ha promulgado recientemente la Ley N.º 1709, una normativa que introduce modificaciones significativas a la Ley N.º 1352, específicamente en lo que respecta al periodo de permanencia obligatoria en el territorio nacional para las autoridades que han cesado o sido destituidas de sus cargos. Esta nueva legislación amplía dicho plazo a seis meses, un cambio importante respecto a la regulación previa que establecía una permanencia mínima de tres meses.
El núcleo de esta reforma radica en la obligación legal que recae sobre un amplio espectro de funcionarios públicos y autoridades del Estado. Entre los afectados se encuentran la Presidenta o el Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Ministras o Ministros de Estado, Gobernadoras o Gobernadores, Alcaldesas o Alcaldes, Asambleístas Nacionales y Departamentales, Concejales Municipales, así como las máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administran recursos fiscales. La ley estipula que todos estos actores deben permanecer en el país durante un periodo de seis meses tras su cese o destitución.
La finalidad principal detrás de esta ampliación es fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Al garantizar que quienes han dejado sus cargos permanezcan en el territorio nacional por un tiempo considerable, se facilita la entrega y revisión de informes requeridos por las nuevas autoridades entrantes. Este proceso es crucial para asegurar una transición ordenada y transparente entre administraciones, protegiendo así los intereses del Estado y evitando posibles vacíos administrativos que puedan perjudicar la gestión pública.
La sanción definitiva de esta ley se produjo durante una sesión virtual del Senado llevada a cabo un sábado, apenas tres días después de que la Cámara de Diputados remitiera el proyecto para su tratamiento legislativo. Este rápido avance refleja la importancia que se le ha dado al tema dentro del ámbito político y legislativo. Es relevante destacar que esta modificación no solo cambia el plazo temporal sino también implica un endurecimiento en las medidas destinadas a prevenir irregularidades posteriores al ejercicio del cargo.
Además, esta normativa responde a una preocupación creciente sobre la eventual responsabilidad legal y judicial de exautoridades públicas. Al establecer una permanencia obligatoria prolongada en el país, se busca facilitar cualquier proceso investigativo relacionado con posibles actos de corrupción u otras irregularidades cometidas durante su gestión. De este modo, se refuerza el compromiso institucional con la lucha contra la corrupción y con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En términos prácticos, este cambio tiene implicaciones directas para las personas involucradas en altos cargos públicos, pues limita su movilidad internacional inmediatamente después del cese o destitución. También representa un mensaje claro hacia la ciudadanía sobre la voluntad del Estado para mantener control y supervisión sobre quienes han ejercido funciones públicas relevantes. A nivel institucional, puede contribuir a mejorar los procesos administrativos y judiciales relacionados con el seguimiento post-mandato.
En resumen, la promulgación de la Ley N.º 1709 constituye un paso significativo en materia legislativa para garantizar una mayor responsabilidad y transparencia en el ejercicio público. La ampliación del periodo obligatorio de permanencia en el territorio nacional es una medida estratégica orientada a fortalecer los controles internos del Estado y proteger sus recursos frente a posibles actos ilícitos derivados del ejercicio anterior del cargo público. Esta decisión refleja un esfuerzo conjunto entre las distintas ramas del poder legislativo y ejecutivo para consolidar prácticas más rigurosas en el ámbito gubernamental
