El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, formalizó este martes una acusación contra magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuyos mandatos se encuentran extendidos.
La acción judicial se produce un día después de que Saucedo exigiera la dimisión inmediata de los cinco magistrados del TCP, a quienes imputó de socavar los cimientos democráticos del país. Desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha manifestado que su reemplazo solo puede efectuarse mediante un proceso electoral y expresaron sorpresa ante el cambio de postura del titular del TSJ.
La enérgica postura del presidente del TSJ se inscribe en un contexto político particular, a escasas semanas del vencimiento de los mandatos de la Asamblea Legislativa y del Órgano Ejecutivo, un período que también coincide con una significativa transición política que anticipa el declive del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder. En una declaración pública contundente, Saucedo había advertido que los magistrados tienen dos opciones: renunciar de inmediato a sus cargos, dado que carecen de legalidad y legitimidad, o enfrentar una expulsión por usurpar la Constitución y las leyes, enfatizando la necesidad de que Bolivia recupere su institucionalidad.
El documento presentado por el doctor Saucedo ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca detalla que la querella se formula por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de usurpación de funciones, ilícitos tipificados y sancionados en los artículos 153 y 163 del Código Penal. La acusación identifica específicamente a los siguientes individuos: Gonzalo Miguel Hurtado, René Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.
En los antecedentes de la denuncia, se recuerda que las elecciones judiciales de Bolivia, celebradas el 3 de diciembre de 2017, designaron a las autoridades del Órgano Judicial, incluyendo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La Carta Magna establece que estas dignidades ejercen sus funciones por un período de seis años, iniciando sus labores el primer día hábil de 2018 y concluyendo el 31 de diciembre de 2023.
Se subraya en la denuncia que el Auto Constitucional 49/2023, emitido el 11 de diciembre, dispuso de forma unilateral, discrecional y arbitraria la extensión de los mandatos de todos los magistrados y consejeros en sus cargos. Esta situación, se argumenta, persiste a pesar de las elecciones judiciales celebradas el 15 de diciembre de 2023, las cuales resultaron en el cambio de todas las autoridades del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, y cambios parciales en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto implica que ciertas personas continúan ejerciendo funciones para las cuales su mandato ya ha expirado, contraviniendo lo establecido por la Constitución Política del Estado.
Entre las solicitudes precautorias contenidas en la acusación, se incluye la activación de una alerta migratoria contra los cinco magistrados del TCP señalados en la denuncia
