Una coalición de diversas organizaciones de la sociedad civil en el municipio de San Lorenzo ha convocado a una asamblea extraordinaria para el próximo sábado, 5 de julio. El encuentro tiene como objetivo principal abordar una serie de asuntos urgentes que afectan a la comunidad, destacando de manera prominente la propuesta de reducir los salarios de las autoridades ejecutivas y legislativas locales.
Dilbert Flores, quien preside el Comité Impulsor, ha señalado que desde el inicio de la actual administración se ha presentado una iniciativa al Concejo Municipal de San Lorenzo para la disminución de los emolumentos de los funcionarios. Sin embargo, esta propuesta, a la fecha, no ha sido objeto de debate dentro del órgano legislativo. Actualmente, los concejales perciben un sueldo de 10.000 bolivianos, y el planteamiento surgido de un congreso interinstitucional previo sugiere una reducción a 7.000 bolivianos, una medida que, según los promotores, ha sido ignorada por el Concejo Municipal.
Además, Flores ha expresado que a lo largo de los casi cuatro años de gestión, la labor desempeñada por los concejales municipales ha sido opaca. Se argumenta que no se han atendido las necesidades y demandas ciudadanas, y que la rendición de cuentas ha sido inexistente, a pesar de reiteradas peticiones. La representación ciudadana por parte de estos ediles ha sido cuestionada, argumentándose que su desempeño no justifica los ingresos percibidos, lo que refuerza la demanda de una reducción salarial.
Otro de los puntos críticos que se analizarán en la asamblea general es el estado de abandono en que se encuentra la edificación de la Casa de Justicia. Esta situación ha transformado el sitio en un punto de preocupación, contribuyendo a la inseguridad y la delincuencia para los residentes cercanos.
La asamblea de este sábado será el escenario para analizar estas problemáticas y definir las acciones de protesta a seguir, marcando un punto de inflexión en la postura de la sociedad civil. Entre las entidades que confirmaron su asistencia se encuentran el Comité Cívico, la Federación de Juntas Vecinales, las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), la Junta de Padres de Familia, el Colegio de Abogados y el sector del transporte, además de otras agrupaciones que deseen adherirse al pliego de peticiones
