Una investigación exhaustiva sobre la trágica estampida humana ocurrida el 21 de septiembre en la Unidad Educativa Juan Misael Saracho de Oruro ha puesto de manifiesto graves irregularidades organizativas. Las autoridades han determinado que el recinto, diseñado para albergar a un máximo de 500 personas, tuvo cerca de 4.000 entradas distribuidas para el evento denominado Saracho Fest. Este masivo exceso de asistentes, sumado a la ausencia de medidas de seguridad adecuadas y un control deficiente en la gestión, desencadenó un desastre que ahora es objeto de un proceso penal.
Durante las inspecciones oculares, los encargados del caso constataron la flagrante desproporción entre el aforo real del lugar y la cantidad de admisiones. Se ha evidenciado la impresión de 4.000 boletos, de los cuales 662 quedaron sin usar en los talonarios y 80 desaparecieron, presuntamente sustraídos por algunos padres. Este hallazgo subraya una irresponsable sobreexplotación de la capacidad del establecimiento.
Las indagaciones preliminares apuntan a la participación directa de padres de familia y miembros del comité organizador en la impresión, distribución y venta de los pases, lo que agrava su situación legal. El Ministerio Público ha convocado a declarar a más de una docena de individuos y anticipa la ampliación de la investigación para incluir entre 12 y 15 nuevas citaciones, abarcando a funcionarios municipales y otros actores vinculados a la organización de esta celebración, la cual carecía de cualquier tipo de regulación.
Desde la Fiscalía Departamental se ha advertido que no se descartan futuras aprehensiones. Se ha enfatizado la seriedad del incidente, que cobró la vida de dos jóvenes, y la determinación de identificar a todos los responsables. La pesquisa se extenderá para esclarecer todas las responsabilidades conforme a la legislación vigente.
Adicionalmente, se verificó que el evento carecía de infraestructura de emergencia esencial, como ambulancias, personal médico o un equipo de seguridad suficiente; apenas seis guardias fueron asignados para controlar a una multitud. Tampoco se contrató una empresa especializada en seguridad ni se activaron protocolos de emergencia. Todos estos factores, según la entidad investigadora, contribuyeron al colapso del evento y a la tragedia.
Las pesquisas también involucran a la directora y a parte del personal administrativo de la unidad educativa, quienes supuestamente estaban al tanto de la realización del evento y de la masiva venta de entradas. A pesar de que las autoridades educativas y municipales sostienen que está prohibido organizar fiestas dentro de los establecimientos escolares, no existe una normativa específica que lo prohíba de manera explícita. Este vacío legal ha sido señalado por varios especialistas. La Resolución Ministerial 001/2025, que rige la gestión educativa, únicamente prohíbe el consumo de alcohol y estupefacientes (artículo 66) y los viajes de promoción (artículo 72), sin hacer mención a la organización de conciertos o fiestas extracurriculares. Esta laguna normativa adquiere particular relevancia en vísperas de las graduaciones de fin de año, cuando numerosas unidades educativas organizan eventos sociales dentro o fuera de sus instalaciones.
José Luis Álvarez, dirigente del magisterio urbano paceño, ha destacado que las juntas escolares poseen amplias atribuciones para tomar decisiones, incluso por encima de los directores. Explicó que si los padres deciden organizar celebraciones o recaudar aportes, lo hacen amparados en la Ley 070, lo que puede generar distorsiones y situaciones de riesgo como la lamentada recientemente.
La gravedad del suceso en Saracho se intensificó en la última semana con el fallecimiento de María René, una adolescente de 16 años, sumándose a la primera víctima fatal. Este segundo deceso eleva la seriedad del caso y podría acarrear sanciones más severas para los implicados. Asimismo, el Ministerio Público evalúa posibles delitos de corrupción y uso indebido de influencias, debido a la presunta utilización de un predio estatal con fines lucrativos, con el supuesto apoyo de funcionarios municipales.
Por otra parte, el vocalista del grupo musical que actuó esa noche, Percy Ríos de la agrupación Sangre Cumbiera, quien se lanzó al público y pudo haber contribuido a la avalancha, se mantiene en libertad bajo una fianza económica de Bs 6.000. La decisión judicial de levantarle el arraigo le permite continuar con el proceso legal mientras trabaja. Ríos no estuvo presente en las inspecciones realizadas la semana pasada en Oruro
