La Cámara de Senadores ha precisado su postura en relación con una reciente propuesta legislativa que generó debate, especialmente después de que el presidente Luis Arce alertara sobre un presunto intento de desestabilización democrática a través de dicha iniciativa. La entidad legislativa comunicó que el proyecto de ley para suspender a los actuales vocales electorales y extender los mandatos de las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo no representa una acción colectiva del cuerpo.
Según la información difundida, la propuesta, atribuida al senador Pedro Benjamín Vargas, constituye una iniciativa personal y carece del respaldo o informe de comisión correspondiente. Si bien el parlamentario presentó la medida para un tratamiento directo, una opción permitida por el reglamento interno, la retiró posteriormente. Se aclaró que el proyecto no había sido consensuado, discutido ni aprobado por la Directiva Camaral, las jefaturas de bancadas, ni por el pleno de la Cámara Alta.
El Senado enfatizó que, mientras una medida no sea debatida y aprobada por el pleno, no puede atribuírsele una responsabilidad institucional al conjunto de la cámara. En este sentido, se rechazaron interpretaciones y declaraciones que buscan desvirtuar o confundir a la opinión pública, atribuyendo al Senado una decisión que no fue adoptada de manera colectiva. La institución ratificó su compromiso inquebrantable con la institucionalidad democrática y el respeto irrestricto al proceso electoral en curso en el país.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también se pronunció al respecto, desmintiendo cualquier intención desde el órgano legislativo de obstaculizar las elecciones. Rodríguez lamentó que algunos actores políticos generen una falsa alarma entre la ciudadanía. El líder del Senado subrayó que la propuesta en cuestión no es una decisión colectiva ni una iniciativa propia, a pesar de que el senador Vargas pertenece a la facción del Movimiento al Socialismo (MAS) que le es leal. El MAS se encuentra actualmente dividido en tres vertientes: una afín al presidente Arce, otra a Rodríguez y una tercera al expresidente Evo Morales.
Previamente, el presidente Arce había denunciado un intento de golpe a la democracia orquestado desde el Legislativo, identificando tres acciones clave. Estas incluían la propuesta legislativa impulsada por Vargas, la intención de conformar una comisión parlamentaria para investigar un supuesto fraude en la primera vuelta de las elecciones generales del 17 de agosto —una denuncia ciudadana que ya había sido desestimada por la Fiscalía— y un plan para modificar la actual directiva de la Cámara de Diputados con el objetivo de facilitar las dos acciones anteriores.
El mandatario boliviano reafirmó su intención de traspasar el mando del país el próximo 8 de noviembre a quien resulte ganador en la segunda vuelta electoral.
El 17 de agosto, los ciudadanos bolivianos acudieron a las urnas para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar el Parlamento nacional para el periodo 2025-2030. Dado que ninguno de los binomios presidenciales alcanzó el porcentaje necesario para ser elegido en primera vuelta, se llevará a cabo una inédita segunda vuelta el próximo 19 de octubre. Esta contienda enfrentará a los binomios opositores liderados por el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al excapitán de policía Edman Lara, y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, quien representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco
