Los primeros noventa días del nuevo Gobierno han estado marcados por una serie de desafíos y controversias que han generado un ambiente de incertidumbre y cuestionamientos en la esfera política nacional. La ruptura evidente entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara ha sido uno de los elementos más destacados en este periodo inicial, impactando directamente en la dinámica interna del Ejecutivo y, por extensión, en la relación con el Legislativo. Esta fractura ha dificultado la coordinación entre ambas instancias, lo que se traduce en una gestión menos eficiente y con retrasos significativos en asuntos clave para el país.
Una de las críticas más contundentes proviene de la senadora Kathia Quiroga, representante de la agrupación Libre y figura destacada de la oposición. En una evaluación crítica del desempeño gubernamental, Quiroga subrayó que la demora en la entrega de auditorías internas ha sido un símbolo claro de los problemas estructurales que enfrenta esta administración. Según su análisis, a estas alturas ya deberían estar disponibles los informes correspondientes que permitan transparentar el manejo de las instituciones estatales desde una óptica renovada y más rigurosa.
La senadora destacó también que, a pesar del cambio de mando ocurrido el 8 de noviembre de 2025, persiste una notable continuidad en la estructura administrativa heredada del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobernó durante dos décadas consecutivas. Este hecho genera preocupación respecto a la falta de renovación institucional y apunta a que muchas prácticas y funcionarios vinculados a gestiones anteriores siguen vigentes, lo cual dificulta la recuperación plena de la institucionalidad y obstaculiza los procesos de reforma prometidos durante la campaña electoral.
En este contexto, Quiroga enfatizó que las diferencias personales y políticas entre Paz y Lara se han traducido en una parálisis parcial para avanzar en temas fundamentales como la reestructuración judicial o el nombramiento transparente de autoridades clave. La designación por decreto de varios funcionarios —especialmente en organismos como la Contraloría General del Estado— ha sido criticada por su falta de apertura y participación ciudadana, aspectos esenciales para fortalecer el control social sobre las instituciones públicas.
Además, la senadora hizo hincapié en las denuncias pendientes relacionadas con corrupción y narcotráfico, señalando que no se han logrado esclarecer ni sancionar adecuadamente estos casos, lo cual afecta directamente la credibilidad del Gobierno ante la ciudadanía. Como ejemplo emblemático mencionó el conocido caso “maletas”, un episodio reciente que refleja las dificultades para enfrentar eficazmente estas problemáticas.
Otro punto relevante señalado fue el desempeño insuficiente tanto de la Policía Boliviana como del Ministerio Público. Según Quiroga, su trabajo ha sido demasiado lento para responder a las exigencias sociales e institucionales actuales. Este retraso compromete no solo el combate a hechos irregulares sino también genera desconfianza entre los ciudadanos sobre la capacidad del Estado para garantizar justicia y seguridad.
El problema del mantenimiento excesivo del personal ligado al MAS también fue objeto de crítica severa. La senadora cuestionó que más del 60% del funcionariado estatal provenga aún de administraciones anteriores sin haberse implementado procesos efectivos para incorporar nuevos profesionales con experiencia y compromiso renovado. Esta situación afecta especialmente áreas sensibles como economía y seguridad, donde se requiere innovación y eficiencia para enfrentar retos complejos.
En cuanto a las promesas electorales relacionadas con “achicar el Estado”, Quiroga señaló que no solo no se han cumplido sino que existen ejemplos concretos como el caso de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). A pesar de haber acumulado informes negativos sobre su gestión anterior e incluso encarcelamientos por irregularidades administrativas, esta entidad continúa operando con gran parte del personal heredado sin evidenciar cambios profundos o mejoras sustanciales.
Sobre las medidas económicas implementadas hasta ahora, fue valorada como insuficiente por parte de los sectores opositores. La inyección superior a 48 millones de dólares destinada a permitir retiros parciales en moneda extranjera tras dos años bajo un control restrictivo (“corralito”) no habría logrado todavía generar un impacto significativo ni aliviar las dificultades financieras enfrentadas por numerosos ciudadanos.
Finalmente, desde el Legislativo permanece pendiente un amplio debate sobre reformas estructurales fundamentales vinculadas a sectores estratégicos como hidrocarburos, educación, minería e inversión pública. Sin embargo, esta tarea debe complementarse con un fortalecimiento paralelo en los mecanismos de fiscalización sobre los créditos aprobados para asegurar una gestión responsable y transparente del gasto público.
En suma, estos primeros tres meses reflejan un escenario político complejo donde las tensiones internas dentro del Gobierno se combinan con una agenda pendiente repleta de desafíos estructurales. La percepción generalizada es que aún falta mucho camino por recorrer para consolidar cambios profundos que respondan efectivamente a las expectativas ciudadanas tras dos décadas bajo un mismo liderazgo político. La sociedad observa atentamente cómo se desarrollarán los próximos meses buscando señales claras hacia una gobernabilidad más sólida e institucionalizada
