Frente a la disminución del suministro cárnico en los mercados nacionales, la entidad encargada de la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria ha anunciado una intensificación de sus medidas de fiscalización. El propósito central de esta iniciativa es doble: asegurar la calidad de los productos cárnicos que llegan a los consumidores y, simultáneamente, contener su desvío hacia canales de contrabando.
La dirección regional de la institución en Tarija ha destacado la imperiosa necesidad de estas acciones para garantizar que la carne disponible para el consumo humano cumpla estrictamente con los parámetros de inocuidad alimentaria. Este refuerzo en la vigilancia es una respuesta directa a las preocupaciones sobre la disponibilidad y la seguridad del producto.
Las operaciones de control se verán fortalecidas en puntos estratégicos como las rutas de transporte, los mataderos y los centros de distribución. Se prestará particular atención al traslado de productos cárnicos, un eslabón de la cadena que es especialmente vulnerable al deterioro o a la manipulación inadecuada si no se cumplen las condiciones óptimas.
Las inspecciones abarcarán una revisión exhaustiva de la documentación pertinente, incluyendo los registros de faena, las guías de movilización animal y los certificados sanitarios de origen. Asimismo, se verificará rigurosamente el cumplimiento de las normativas de refrigeración durante todo el proceso de transporte. Se ha recalcado que el movimiento de carne debe efectuarse exclusivamente en vehículos autorizados y bajo temperaturas controladas. Cualquier inobservancia de estas directrices no solo representa un riesgo significativo para la salud pública, sino que también conllevará las sanciones correspondientes.
Un objetivo primordial de estos controles es frenar el desvío de carne hacia el contrabando, una práctica que, según las observaciones recientes, ha experimentado un incremento notable, impulsada por la escasez del producto y su consiguiente encarecimiento. La prioridad absoluta de la autoridad es asegurar el abastecimiento del mercado interno.
En este contexto, las acciones de fiscalización no solo buscan proteger la salud de los ciudadanos, sino también consolidar la seguridad alimentaria del país y mitigar la presión alcista sobre los precios, que se ve exacerbada por la reducción de la oferta local
