La posibilidad de que el expresidente Evo Morales busque un cuarto mandato presidencial enfrenta impedimentos insuperables, fundamentados en una serie de resoluciones judiciales de alto nivel y en el calendario electoral ya establecido. Tres sentencias constitucionales —dos emitidas en 2024 y una en 2025—, sumadas al principio de preclusión que rige el cronograma del proceso electoral, así como una reciente decisión de una sala constitucional en La Paz, configuran el marco legal que bloquea esta opción.
Frente a esta situación, los seguidores del exmandatario y su reciente aliado político, el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), han manifestado su rechazo y exigen la habilitación de candidaturas. Tras no lograr su objetivo de registrar postulaciones, han proferido advertencias severas, que incluyen amenazas de incendiar la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), destituir a los vocales electorales —señalando particularmente al presidente del organismo— y presionar para la dimisión del actual jefe de Estado. Estas acciones estarían respaldadas por movilizaciones de protesta y potencial convulsión social.
Voceros del sector más radical del movimiento han declarado que las elecciones previstas para el 17 de agosto no se llevarán a cabo sin el movimiento popular, sin Evo. Afirman representar el respaldo de cuatro millones de votantes.
Por su parte, la dirección del Movimiento Al Socialismo y representantes del Gobierno han condenado estas amenazas, advirtiendo que no permitirán la desestabilización del país.
Los impedimentos legales para una nueva postulación se basan en decisiones clave del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entre 2023 y 2024, las Sentencias Constitucionales 1010/2023 y 0083/2024 establecieron de forma clara el límite máximo de dos mandatos presidenciales o vicepresidenciales por persona, ya sean consecutivos o alternos. Esta posición fue ratificada recientemente por la Sentencia Constitucional 007/2025, emitida el 13 de mayo, que reitera la restricción a un máximo de dos períodos en dichos cargos.
En este contexto, el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), que perdió su personalidad jurídica a principios de mayo, ha emergido como un aliado cercano de los seguidores del exmandatario. En el último día del plazo para la inscripción de candidaturas, el 19 de mayo, PAN-Bol afirmó haber enviado sus listas por correo electrónico al TSE. Sin embargo, el reglamento electoral establece que el registro digital era un proceso exclusivo para las organizaciones políticas habilitadas, que contaban con códigos de acceso a un sistema específico.
Ante el rechazo, la organización política interpuso una Acción de Amparo Constitucional ante una sala constitucional en La Paz. Esta instancia judicial emitió una resolución que solicitó al TSE emitir una nueva decisión fundamentada sobre la cancelación de la personalidad jurídica de PAN-Bol. Es crucial destacar que esta misma resolución judicial especificó claramente que No corresponde determinar la ampliación del plazo para inscripción de candidatos por parte de PAN-Bol. Este punto constituye un factor determinante que impide la habilitación de sus postulantes.
A pesar de ello, dirigentes de PAN-Bol intentaron ayer entregar una comunicación al TSE solicitando credenciales para sus delegados y los códigos necesarios para el registro de candidatos, amparándose en la mencionada resolución judicial. La solicitud fue denegada por un funcionario del TSE, quien explicó que la resolución judicial no ordenaba la inscripción de candidaturas y que, además, el plazo para dicho trámite ya había expirado.
La negativa generó reacciones airadas entre los seguidores del exmandatario, tanto en La Paz como en otras regiones, quienes acusaron al Gobierno de influir en la decisión del TSE para bloquear a PAN-Bol y, por extensión, la posible habilitación de Evo Morales. Reiteraron su demanda de remoción de los vocales electorales y advirtieron que, de no participar, no deberían realizarse las elecciones.
Posteriormente, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz aclaró públicamente que la resolución judicial sobre el caso PAN-Bol no implica la restitución de la personalidad jurídica del partido ni la habilitación de candidatos. Subrayó que la decisión final sobre el estatus de PAN-Bol recae exclusivamente en el TSE, que deberá emitir una nueva resolución fundamentada sobre la cancelación.
En paralelo, el TSE ha anunciado que solicitará al Tribunal Constitucional Plurinacional una medida cautelar para salvaguardar el proceso electoral. Esta acción responde a una reciente sentencia de una sala constitucional en Beni que retiró la personalidad jurídica a otra organización política, creando un precedente que, según el TSE, podría afectar a la mayoría de los partidos políticos habilitados y poner en riesgo el sistema electoral basado en la participación de fuerzas políticas. Fuentes del organismo electoral expresaron preocupación por el potencial impacto de dicha decisión.
Hasta el cierre de esta edición, los vocales electorales no habían sido formalmente notificados de las resoluciones de las salas constitucionales de La Paz y Beni, aunque se esperaba recibir dichas comunicaciones oficialmente en las próximas horas
