El sistema judicial del país se encuentra bajo un intenso escrutinio, con legisladores expresando una profunda preocupación por lo que describen como un estado de deterioro estructural y funcional. Las críticas se intensifican a raíz de un reciente caso que vio a un joven permanecer privado de libertad por casi una década, en el centro penitenciario de Morros Blancos, a causa de una acusación infundada.
Una voz destacada en el ámbito legislativo ha señalado que, más allá de la percepción de un sistema judicial seriamente viciado, existe una preocupación adicional por la aparente falta de compromiso en la selección de los profesionales más idóneos para ocupar cargos en juzgados, fiscalías y la fuerza policial. Se ha expresado, además, que el marco legal vigente, en lugar de ser un pilar de justicia, parece ser susceptible de manipulación, favoreciendo en ocasiones intereses coyunturales.
En este contexto, se ha puesto en tela de juicio la Ley 348, diseñada para la protección de la mujer, argumentando que su implementación actual abre la puerta a la proliferación de denuncias falsas. Se ha subrayado la necesidad imperante de una revisión exhaustiva de esta normativa. Específicamente, se ha aludido a una disposición que permite que una denuncia verbal sea considerada prueba suficiente para establecer la comisión de un delito contra la integridad personal, incluso si dicha acusación carece de veracidad. La escasez de peritos especializados para verificar la autenticidad de tales situaciones agrava la problemática, impactando negativamente la eficacia del sistema judicial.
Se ha enfatizado que, más allá de la compensación económica por los daños sufridos, es fundamental que los funcionarios involucrados en fallos judiciales erróneos, incluyendo fiscales, policías y jueces que dictaron sentencias irregulares, sean sometidos a una investigación rigurosa y, de ser necesario, procesados. Es crucial que el proceso investigativo sea llevado a cabo por una autoridad judicial con credibilidad y transparencia. Se ha remarcado la importancia de la reparación integral para la víctima, quien ha visto comprometidos los mejores años de su vida. La situación ha sido descrita como un aniquilamiento de vidas, equiparándolo a un sicariato judicial por la forma en que el sistema opera. Ante este panorama, se ha anunciado la intención de solicitar una auditoría exhaustiva del caso ante la comisión de justicia plural durante la presente semana, con el fin de determinar los pasos a seguir.
Desde otra perspectiva legislativa, se ha lamentado la existencia de graves deficiencias y errores judiciales flagrantes. Se ha coincidido en que la posibilidad de que una simple denuncia o declaración pueda resultar en el castigo de personas inocentes constituye un imperativo para la reflexión y acción. Se ha reconocido que, si bien ciertas normativas pudieron haber sido concebidas con buenas intenciones, carecen de las salvaguardas necesarias para prevenir el encarcelamiento de individuos inocentes.
En respuesta a esta problemática, se ha adelantado la próxima presentación de iniciativas legislativas destinadas a establecer un mecanismo de resarcimiento real por parte del Estado para aquellos que han sido injustamente sentenciados. Se ha insistido en la necesidad de compensar al joven afectado por los nueve años de libertad perdidos y el sufrimiento padecido, enfatizando la urgencia de una reparación económica. Asimismo, se ha propuesto una modificación a la Ley 348, que se dará a conocer en los próximos días, con el objetivo de implementar filtros más estrictos para la detección de denuncias falsas.
Finalmente, se ha instado a investigar a los jueces y fiscales que no realizaron una indagación exhaustiva más allá de la declaración inicial de la supuesta víctima. Se ha reiterado la importancia de abordar este tema, subrayando que los operadores de justicia deben ejercer un cuidado extremo para evitar este tipo de errores. Se ha señalado que una gran responsabilidad recae sobre el Ministerio Público y los jueces, cuyo trabajo, en ocasiones, parece limitarse a la revisión de declaraciones y la interpretación literal de la ley, sin profundizar en la búsqueda de la verdad material
