La Fiscalía General del Estado ha dado inicio a una investigación de oficio tras registrarse el primer caso de feminicidio en el departamento de Tarija durante la gestión 2026, un hecho que ha conmocionado a la comunidad local y que pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de abordar la violencia de género en esta región. La víctima, identificada como Leonela N.M.M., era una joven de apenas 19 años que además enfrentaba una discapacidad intelectual, un detalle que añade gravedad y particularidad a este trágico suceso. Su cuerpo fue encontrado sin vida en una comunidad rural del municipio de Villa Montes, un hallazgo que generó profunda consternación tanto en su familia como en la población en general.
El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro Palacios, confirmó que el Ministerio Público activó inmediatamente todas las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias que rodearon este feminicidio. La prioridad está puesta no solo en identificar a los responsables sino también en evitar cualquier tipo de impunidad que pudiera acompañar este caso. La respuesta institucional se ha caracterizado por un despliegue ágil y riguroso, reflejando así el compromiso del sistema judicial con la justicia y con las víctimas de violencia de género.
Según los detalles proporcionados por la Fiscalía, Leonela fue reportada como desaparecida el 18 de febrero. La búsqueda se extendió durante varios días hasta que, cuatro días después, cerca del mediodía del domingo, efectivos policiales lograron localizar su cuerpo a aproximadamente cinco kilómetros de su domicilio. El sitio exacto del hallazgo corresponde a una comunidad rural distante unas cuatro horas de la ciudad de Villa Montes, lo cual evidencia también las dificultades logísticas y geográficas que enfrentan las autoridades para llevar adelante estas investigaciones en zonas alejadas.
El fiscal asignado al caso, Fabio César Mamani, destacó que el cuerpo presentaba signos evidentes de descomposición compatibles con una data estimada de muerte entre cuatro y cinco días antes del hallazgo. Esto coincide con el reporte inicial sobre la desaparición y permite establecer una línea temporal clara para avanzar en las pesquisas. La autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó como causa directa del fallecimiento una hemorragia interna vinculada a un trauma abdominal cerrado junto con una lesión grave en el bazo. Estos resultados aportan elementos clave para entender la violencia extrema sufrida por la víctima y orientan hacia posibles mecanismos agresivos utilizados.
Las investigaciones continúan activamente mediante el levantamiento minucioso de indicios, la toma detallada de declaraciones testimoniales y diversos análisis periciales con el objetivo fundamental de reconstruir con precisión las circunstancias que rodearon este feminicidio. La Fiscalía ha dejado claro que no se descarta ninguna línea investigativa y mantiene abierta la posibilidad de explorar diversas hipótesis hasta lograr esclarecer plenamente los hechos. Este enfoque integral refleja un compromiso decidido para garantizar justicia en un caso que ha generado un fuerte impacto social especialmente en la región del Chaco tarijeño.
Este episodio lamentable se inscribe dentro del contexto más amplio de violencia contra las mujeres en Bolivia durante lo que va del año 2026. Hasta la fecha, se han registrado un total de catorce feminicidios a nivel nacional. El departamento más afectado es La Paz con seis casos confirmados; le siguen Santa Cruz, Cochabamba y Oruro con dos cada uno; mientras que Beni y Tarija han reportado uno respectivamente. Esta distribución refleja patrones preocupantes sobre la incidencia geográfica de estos delitos y subraya la necesidad urgente de fortalecer políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar esta forma extrema de violencia.
El caso específico ocurrido en Tarija pone en evidencia varias aristas sensibles: desde la vulnerabilidad particular asociada a personas con discapacidad intelectual hasta los desafíos logísticos para actuar eficazmente en comunidades rurales alejadas. Asimismo, destaca la importancia del trabajo coordinado entre instituciones judiciales, policiales y forenses para garantizar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones tan delicadas. La sociedad tarijeña enfrenta ahora no solo el duelo por esta joven víctima sino también el reto colectivo de generar entornos más seguros e inclusivos donde ninguna mujer tenga que sufrir violencia ni perder su vida por razones vinculadas al género.
En definitiva, este primer feminicidio registrado en Tarija durante este año representa un llamado urgente a profundizar esfuerzos institucionales y sociales para combatir esta problemática estructural. La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso firme con procesar con rigor cada caso y contribuir así al fortalecimiento del sistema judicial boliviano frente a los crímenes basados en género. Mientras tanto, familias afectadas como la de Leonela enfrentan un dolor inmenso pero pueden encontrar cierto alivio al saber que sus reclamos están siendo atendidos con seriedad y prontitud por parte del Estado. Este acontecimiento trágico invita a reflexionar sobre las medidas necesarias para proteger los derechos humanos fundamentales y garantizar justicia plena para todas las mujeres bolivianas
