La administración departamental de Tarija ha clarificado su postura respecto a la reestructuración de los servicios de mantenimiento vial, una medida que, aunque inicialmente fue objeto de controversia y posterior revisión judicial, se defiende como una decisión fundamental para la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa. La determinación de disolver el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) y establecer la Dirección de Administración Vial (DAV) se fundamentó en una serie de informes técnicos y económicos que señalaban la insostenibilidad de la unidad preexistente.
Análisis detallados revelaron que el Sedeca operaba con costos excesivamente elevados, superando los diez millones de dólares anuales en su funcionamiento. Esta situación contrastaba con un precepto de la Ley del Presupuesto General del Estado de 2021, que promovía la supresión de unidades institucionales que no demostraran viabilidad financiera, en línea con una política nacional de austeridad y optimización de recursos. La gestión departamental identificó en Sedeca un patrón de gastos desmedidos en sus últimos tres años de operación (2019-2021), con erogaciones que superaron los 263 millones de bolivianos para cubrir apenas mil kilómetros de mantenimiento vial anualmente, una relación inversión-resultado considerada insostenible.
Entre las irregularidades detectadas se encontraban adquisiciones recurrentes de repuestos para equipos inactivos y consumos de combustible en proyectos paralizados. Un ejemplo notable fue el proyecto Obras de Conclusión y Final Copacabana, que en 2020, durante la pandemia, reportó un consumo de 25.000 litros de combustible a pesar de la ausencia de ejecución de obras físicas. Adicionalmente, se constató que Sedeca absorbía el 43.1% del total de gastos de todas las unidades desconcentradas del gobierno departamental, una cifra que excedía significativamente la asignación a instituciones críticas como el Hospital Regional San Juan de Dios, que representaba el 11.5%.
En contraste, la Dirección de Administración Vial (DAV), creada como alternativa, ha demostrado una gestión más eficiente y un ahorro institucional considerable. Mientras que el antiguo Sedeca destinó 53.6 millones de bolivianos solo en el año 2021, la DAV ejecutó 36.7 millones de bolivianos en un periodo de tres años (2022-2024), logrando duplicar la cobertura de mantenimiento vial a 2.200 kilómetros anuales. Esta mejora se refleja también en el costo por kilómetro: 5.565 bolivianos por kilómetro bajo la gestión de la DAV, frente a los 86.964 bolivianos promedio del Sedeca. Estos datos, según la administración, provienen de informes técnicos, registros de adquisiciones y reportes de ejecución, no de apreciaciones subjetivas.
La transición hacia la DAV también implicó la detección de múltiples irregularidades heredadas de la anterior administración. Actualmente, quince procesos legales están en curso contra exfuncionarios por presuntos delitos que incluyen conducta antieconómica, uso de instrumentos falsificados, deficiencias en la documentación e incumplimiento de deberes. Algunos de estos procedimientos ya han derivado en resultados concretos, como la aceptación de perdones judiciales voluntarios y la recuperación de bienes públicos.
En cuanto al personal, la administración departamental afirma haber convocado a los trabajadores de Sedeca para su reincorporación en la nueva estructura. No obstante, se encontró con una resistencia que se prolongó por más de ocho meses, a pesar de la emisión de memorandos y cartas de notificación que no fueron atendidas oportunamente. La gestión subraya que esta situación no puede atribuirse a una responsabilidad institucional. La administración reitera su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas, considerándolos pilares ineludibles de su gestión
