La situación financiera del gobierno departamental de Tarija ha alcanzado un punto alarmante, con empleados que no han recibido su salario durante dos meses. Esta grave realidad fue expuesta por la asambleísta Carmen Rosa Valencia, quien enfatizó la urgencia de la situación al señalar que la administración local enfrenta un déficit significativo.
Según Valencia, el gobierno requiere aproximadamente 450 millones de bolivianos para cumplir con todas sus obligaciones, pero este año solo se espera recibir 240 millones. La asambleísta, que representa al partido Unidos, recordó que el año anterior se recibieron 383 millones, lo que obligó a la gobernación a realizar esfuerzos extraordinarios para mantenerse a flote.
La legisladora subrayó que la crisis no se limita a la gobernación, sino que también afecta a otras instituciones, donde se están llevando a cabo despidos masivos. La reducción de personal se ha vuelto una práctica común tanto en el ámbito departamental como municipal, así como en el Tribunal de Justicia, donde recientemente se registraron despidos significativos.
Valencia destacó que la economía nacional atraviesa una crisis severa, con un Tesoro General de la Nación en una situación crítica. La falta de recursos ha llevado a la gobernación a tomar decisiones difíciles, incluyendo la eliminación de personal con ítems, y pone en riesgo diversos programas sociales, como la canasta alimentaria y el Prosol.
A pesar de esta crisis, la asambleísta observó que las autoridades del gobierno central parecen ajenas a la realidad que enfrenta la población, continuando con sus actividades sin considerar la posibilidad de recortes salariales. Mencionó que la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) maneja un presupuesto que supera el total de las nueve gobernaciones, lo que refleja un descontrol en la gestión estatal.
Valencia también hizo hincapié en la disminución de ingresos municipales, ya que muchos ciudadanos han dejado de pagar impuestos debido a su precaria situación económica. Criticó al partido en el poder, el MAS, por centrarse en eventos como el Bicentenario, mientras que la población lidia con el aumento constante de precios de alimentos y otros productos.
La legisladora concluyó que, a pesar de contar con un economista en la presidencia, el gobierno no ha logrado implementar soluciones efectivas para aliviar la carga financiera que enfrenta la ciudadanía
