El departamento registró en 2022 un total de 57 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, una cifra que refleja un desafío social persistente en la región. Actualmente, las autoridades departamentales de gestión social están a la espera de los resultados de un estudio nacional que permitirá actualizar estos datos y comprender la evolución de esta problemática, ya que tres años después del último registro, se desconoce si el número ha aumentado o disminuido.
Los factores que impulsan a los menores a vivir en la calle suelen estar profundamente arraigados en disfunciones familiares. Entre las causas más comunes se identifican la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y drogas por parte de los progenitores, y el abandono, situaciones que dejan a los niños y adolescentes sin un entorno seguro y los obligan a buscar en la calle su única alternativa de subsistencia.
Una vez identificados, estos menores reciben acompañamiento psicológico y social, además de un seguimiento a sus familias. Sin embargo, la capacidad de acción en estas labores se ve restringida por la escasez de personal y recursos disponibles. Para mitigar esta limitación, se ha encomendado parte de las responsabilidades de intervención y reinserción a los gobiernos municipales, bajo la coordinación de la entidad departamental.
Con la expectativa de los nuevos datos del estudio nacional, se tiene previsto intensificar la formación de los equipos técnicos y coordinar nuevas acciones. Asimismo, se fortalecerá la colaboración con los municipios y las defensorías de la niñez, especialmente en aquellos casos que demandan medidas urgentes de protección.
En un desarrollo paralelo, la entidad se prepara para la implementación de la Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y otros Delitos contra la Vida, una legislación recientemente aprobada a nivel nacional. Esta norma contempla la instauración de dispositivos de atención integral, apoyo económico y acompañamiento psicológico para los niños y adolescentes que han perdido a sus padres en hechos de violencia extrema. Para su puesta en marcha, se coordinará con las defensorías de la niñez con el fin de identificar a los potenciales beneficiarios en el departamento
