La administración departamental de Tarija atraviesa un período de intensa restricción presupuestaria. A pesar de haber registrado ingresos por 20,8 millones de bolivianos durante el mes de octubre, la vasta mayoría de estos recursos se destinan a cubrir una serie de obligaciones ineludibles, que incluyen el pago de deudas, salarios, programas sociales esenciales y servicios básicos.
Las autoridades departamentales han pormenorizado los compromisos financieros para el mes en curso. Un monto significativo de 6,2 millones de bolivianos se asigna al servicio de la deuda con entidades como el Banco Unión, Banco Bisa y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Adicionalmente, la partida destinada a sueldos y beneficios laborales asciende a 6 millones de bolivianos, de los cuales 2 millones corresponden a aportes obligatorios a la Caja Nacional de Salud y a los Fondos de Pensiones.
En lo que respecta a la distribución de las remuneraciones, el Gobierno Departamental asigna 1,3 millones de bolivianos para sueldos, mientras que la Asamblea Legislativa Departamental requiere 700.000 bolivianos. Otras entidades también absorben importantes sumas: el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) destina 1,1 millones, las subgobernaciones 420.000 bolivianos y las entidades descentralizadas 557.000 bolivianos.
Los gastos operativos representan una erogación de 2,3 millones de bolivianos. Los programas de índole social también demandan una porción considerable del presupuesto: la Canasta Alimentaria para Personas con Discapacidad exige 2,2 millones, el Prosol 1,4 millones, y la cobertura de ítems de salud —correspondientes a salarios adeudados desde julio— otros 1,4 millones. A estas cifras se suman 800.000 bolivianos en transferencias a los gobiernos municipales.
Una vez cubiertas todas estas responsabilidades financieras, el margen de maniobra departamental es mínimo, con una reserva inicial de apenas 114.000 bolivianos. Sin embargo, una solicitud adicional de transferencia por parte de la Asamblea Legislativa Departamental, estimada en unos 40.000 bolivianos, reducirá aún más esta cifra, dejando un remanente de aproximadamente 60.000 bolivianos para afrontar el resto del mes.
En este contexto de escasez, ha surgido un debate sobre la gestión de recursos y las responsabilidades legislativas. Desde la administración ejecutiva se ha señalado la necesidad de que el ente legislativo adecúe las normativas a la actual realidad económica del departamento. Se ha expresado preocupación por la dinámica en la que, a pesar de solicitar la abrogación de leyes que generan demandas de recursos, la Asamblea ha respondido solicitando al ejecutivo la elaboración de dichas normas. Esta situación ha llevado a cuestionar el rol de la Asamblea en la función legislativa y de fiscalización. Se ha manifestado que de las noventa leyes cuya anulación se ha propuesto, la mayoría fueron impulsadas por la propia Asamblea, por lo que recae en esa instancia la responsabilidad de ajustarlas a la coyuntura económica.
Por su parte, un asambleísta departamental ha instado al Ejecutivo a cumplir con los desembolsos pendientes para los ítems del sector salud. Se ha recordado que la semana anterior la Asamblea recibió una comunicación de la Gobernación solicitando la abrogación de un conjunto de leyes, entre ellas, la que regula el financiamiento de estos ítems. No obstante, es importante destacar que, debido a acciones constitucionales previas, la administración departamental ya no puede hacer uso de la Ley 513, la cual le permitía reasignar recursos sin la aprobación legislativa, lo que restringe significativamente su capacidad de maniobra financiera. En este sentido, se ha sugerido que la solución a la problemática de los ítems de salud radica en una gestión coordinada con los diferentes sectores ante el Ministerio de Salud, con el objetivo de que el Gobierno Nacional asuma la cobertura de estos cargos que actualmente son financiados por la Gobernación
