A tan solo 18 días de la realización de las elecciones subnacionales, la ciudad de Tarija se encuentra en un clima creciente de tensión política y social. Este ambiente se ha visto agudizado por la reciente instalación de una huelga de hambre y el anuncio de una marcha cívica, medidas que reflejan la profunda preocupación y movilización que están generando las decisiones adoptadas por el Tribunal Electoral Departamental (TED) en relación con la inhabilitación de candidatos clave.
Militantes del movimiento político Unidos para Renovar (UNIR) han instalado un piquete de huelga en el acceso al TED, una acción directa y visible con la que buscan presionar a las autoridades electorales para que informen sobre la situación del candidato a alcalde Víctor Hugo Zamora. La protesta surge ante la falta de notificación oficial respecto a su inhabilitación, hecho que ha generado un sentimiento de vulneración en los derechos políticos del postulante y, por extensión, en los electores que respaldan su candidatura. La demora en comunicar esta decisión ha provocado una respuesta contundente por parte de UNIR, cuyos representantes han optado por recurrir a una huelga de hambre como medida extrema para exigir transparencia y respeto al proceso electoral.
Fabiola Ríos, candidata a concejal por UNIR, ha sido una voz activa en esta movilización. Desde su perspectiva, la no notificación constituye una violación al derecho fundamental del candidato a ser elegido democráticamente, ya que sin esta información formal se le priva no solo a Zamora sino también a sus seguidores de ejercer plenamente su participación política. La decisión colectiva de iniciar una huelga refleja el nivel de frustración e incertidumbre dentro del movimiento y subraya la gravedad con la que consideran esta situación.
Paralelamente, el Comité Pro Intereses de Tarija ha convocado a una marcha cívica programada para este jueves como forma de manifestar el rechazo ciudadano frente a lo que se percibe como condicionalidades e injusticias en el proceso electoral. Esta convocatoria responde a un mandato emanado tras una asamblea general realizada entre diversas instituciones locales, lo que evidencia un amplio respaldo institucional a esta expresión pública. La marcha pretende defender valores esenciales como la libertad y la democracia, pilares que según sus organizadores están siendo amenazados por decisiones arbitrarias.
El presidente del Comité Pro Intereses, Jesús Gira, ha enfatizado que esta movilización busca exigir que todos los órganos del Estado actúen como garantes imparciales del derecho político fundamental que tiene la ciudadanía: elegir libremente a sus autoridades departamentales, regionales y municipales. En este contexto, rechazan cualquier tipo de condicionamiento o parcialización del Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo superior responsable de supervisar el cumplimiento equitativo del proceso electoral. Además, mediante pronunciamientos públicos solicitan respeto hacia las decisiones autónomas del TED y otras autoridades involucradas en la administración electoral, insistiendo en que dichas funciones deben ejercerse con idoneidad y apego estricto a la legalidad.
En el trasfondo de estas protestas se encuentran las recientes inhabilitaciones que han afectado a figuras políticas destacadas en Tarija. Entre los casos más emblemáticos se encuentra Mario Cossío, líder político del movimiento Camino Democrático al Cambio (CDC), cuya exclusión ha despertado un amplio rechazo popular. Ahora se suma también la intención manifiesta de dejar fuera al candidato Johnny Torres para las elecciones subnacionales previstas para el próximo 22 de marzo. A esta lista se agrega Víctor Hugo Zamora, cuyo estatus aún genera incertidumbre debido a la falta de comunicación oficial por parte del TED.
Este conjunto de inhabilitaciones está generando un clima complejo y polarizado entre los sectores políticos y sociales tarijeños. La percepción generalizada es que estas acciones limitan las opciones electorales disponibles para la población local, lo cual podría afectar no solo el desarrollo democrático sino también la legitimidad misma del proceso electoral. En consecuencia, tanto organizaciones políticas como grupos ciudadanos han decidido adoptar medidas contundentes como huelgas y marchas con el objetivo de reivindicar derechos políticos básicos y asegurar condiciones justas para todos los actores involucrados.
La coyuntura actual refleja así una etapa crítica en el proceso electoral subnacional donde las decisiones administrativas sobre candidaturas tienen un impacto directo sobre las dinámicas políticas locales y sobre el ejercicio pleno del derecho al voto. En este escenario conviven demandas ciudadanas por transparencia y legalidad con tensiones derivadas del manejo institucional electoral; elementos que configuran un ambiente marcado por expectativas altas e incertidumbres significativas para todos los habitantes de Tarija involucrados en este momento histórico decisivo
