Diversas regiones productoras de hidrocarburos en Bolivia están impulsando propuestas para modificar la política energética nacional, con énfasis en la redistribución de regalías y la reestructuración del sector. En el marco de la próxima Cumbre Energética Nacional, que aún no tiene fecha oficial, se presentarán planteamientos que buscan fortalecer la industria hidrocarburífera y mejorar las condiciones de los departamentos productores.
En el sur del país, la Región Autónoma del Chaco ha destacado por sus iniciativas. Durante una reunión técnica realizada en Yacuiba, el Comité Cívico local presentó dos demandas principales: la reactivación inmediata de la perforación en tres pozos con potencial comprobado de hidrocarburos y la reforma de la Ley de Hidrocarburos para fomentar la inversión extranjera bajo un marco jurídico claro y seguro. Asimismo, se propone la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con una estructura y modelo operativo renovados.
Un aspecto central de la propuesta chaqueña es la revisión del esquema de regalías. Actualmente, los departamentos productores reciben un 11%, cifra que consideran insuficiente dado el impacto ambiental y el desgaste de sus recursos. Por ello, plantean aumentar este porcentaje al 22%, lo que implicaría un cambio significativo en la distribución de ingresos petroleros en Bolivia. Además, se sugiere que el país importe crudo en lugar de derivados terminados para procesarlos en refinerías locales, optimizando costos y fortaleciendo la industria nacional.
En Tarija, otro departamento clave en la producción energética, se trabaja en la consolidación de una postura unificada de cara a la cumbre. El Comité Cívico tarijeño ha acordado priorizar la búsqueda de financiamiento para el proyecto El Carrizal, que permitiría sustituir la generación termoeléctrica basada en gas por fuentes limpias, liberando volúmenes de gas para otros usos. También insisten en la necesidad de certificar las reservas de gas mediante auditorías transparentes, dado que la falta de información clara ha generado incertidumbre en la planificación energética.
Tarija aboga por una nueva política hidrocarburífera que atraiga inversión extranjera y contemple la reestructuración de YPFB. Además, exige evaluaciones sobre el potencial del campo Tarija, considerando aportes históricos y los efectos negativos de subsidios al gas utilizado en la Planta de Urea, sin beneficios directos para la región.
Desde La Paz, se plantean también temas relevantes para la cumbre, como la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos, la producción autárquica de recursos energéticos, la instalación de plantas de conversión de gas a líquidos (GTL) para producir gasolina y diésel, y la exploración y producción en campos como Mayaya.
Expertos en hidrocarburos advierten que las soluciones deben ir más allá de reformas legales y requieren un enfoque integral y de largo plazo. Se estima que Bolivia necesita inversiones superiores a los 3.000 millones de dólares para desarrollar un plan serio de exploración y producción. Además, se señala la importancia de un diálogo social amplio que permita construir una política de Estado sólida, que podría implicar incluso cambios en la Constitución Política del Estado para incentivar la llegada de capitales en sectores estratégicos como hidrocarburos, litio y minería.
El escenario energético nacional se encuentra en un momento crucial, con regiones productoras buscando mayor participación en los beneficios y una política que garantice la sostenibilidad y crecimiento del sector. La Cumbre Energética Nacional se perfila como un espacio clave para definir el rumbo de la industria hidrocarburífera en Bolivia
