La administración departamental de Tarija ha anunciado una serie de ajustes económicos que impactarán la ejecución presupuestaria, motivados por una significativa disminución en los ingresos provenientes de las regalías hidrocarburíferas, que se estima alcanza hasta un 30%.
Como ejemplo de esta situación, se informó que durante el mes de mayo, de los 31 millones de bolivianos proyectados, solo se recibieron 20 millones, generando un déficit de 11 millones de bolivianos. Este descenso en la recaudación obliga a la gobernación a implementar reajustes para poder cumplir con las obligaciones financieras contraídas, muchas de ellas en períodos de mayor bonanza económica.
La insuficiencia de fondos recibidos no permite cubrir las mínimas responsabilidades financieras, lo que afecta directamente el pago de salarios del personal que depende de la gobernación y la continuidad de programas sociales.
Ante este escenario, se ha determinado que durante el mes de mayo no se realizará el pago de salarios a los asambleístas departamentales, tanto titulares como suplentes, así como al personal permanente de la institución y al personal de salud cuya remuneración proviene del presupuesto departamental.
Desde la gestión 2021, la gobernación ha señalado haber enviado comunicaciones a la asamblea legislativa departamental solicitando el análisis, modificación, consideración o anulación de más de 90 leyes vigentes. Se argumenta que la atención a estas normativas demandaría aproximadamente 400 millones de bolivianos, mientras que la proyección de ingresos para el cierre del año se sitúa en torno a los 250 millones.
Además de la suspensión de salarios para los grupos mencionados, se prevén reducciones en los recursos destinados a programas sociales clave. Para la canasta alimentaria del adulto mayor, se asignarán únicamente 2.7 millones de bolivianos de los 10 millones presupuestados. El programa Prosol recibirá 2.2 millones de bolivianos, lo que permitirá atender solo a 1.000 de los más de 20.000 beneficiarios registrados para este año.
La administración departamental ha comunicado esta situación a los sectores afectados, incluyendo la asamblea, el sector salud, adultos mayores y personas con discapacidad. Se indicó que se buscó una solución a través de una ley financiera, pero esta iniciativa no prosperó.
Por su parte, la bancada del Movimiento Al Socialismo en la Asamblea Legislativa ha expresado su postura, afirmando que una resolución administrativa no puede prevalecer sobre una ley. Se recordó que la legislación vigente establece que el ejecutivo es el responsable de la disposición de recursos para los gastos de funcionamiento. Representantes de esta bancada señalaron que, de no efectuarse los pagos correspondientes, el gobernador podría enfrentar un proceso por incumplimiento de deberes. Argumentaron que la autoridad habría demorado en tomar las medidas necesarias y que ahora, al remitir leyes para su modificación, estaría intentando responsabilizar a la asamblea legislativa
