Operativos de control se mantienen activos en los mercados de Tarija, intensificándose las inspecciones para asegurar la estabilidad de precios y la correcta ponderación de los productos ofrecidos al público. Estas acciones responden a la necesidad de evitar especulaciones y garantizar que los consumidores accedan a bienes esenciales a precios justos.
Representantes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) confirmaron la realización de recientes operativos en diversos centros de abasto. Esta medida se produce en un contexto de creciente preocupación ciudadana, evidenciada por quejas relativas a tácticas intimidatorias dirigidas contra comerciantes que ofrecen productos a precios más competitivos.
Un incidente específico ha generado particular alarma: se denunció un acto de sabotaje contra un vendedor de carne de pollo que ofrecía su producto a un precio inferior al promedio del mercado. Según los reportes, desconocidos habrían dañado los neumáticos de su vehículo en represalia por su política de precios más accesibles.
Ante esta situación, la Fedjuve ha formalizado una petición ante las autoridades municipales. La solicitud principal consiste en habilitar canales directos de venta para los productores, eliminando la intermediación. Se argumenta que esta medida fomentaría una mayor oferta de productos, lo que naturalmente conduciría a una reducción de precios y una mejora en la calidad de los mismos, beneficiando directamente al consumidor final. La organización vecinal insta al municipio a proveer el apoyo logístico y las garantías necesarias para facilitar esta modalidad de venta directa.
Los intermediarios, por su parte, defienden su rol argumentando que la dinámica del mercado se rige por la libre oferta y demanda, lo que dificultaría la regulación de precios. Sin embargo, la Fedjuve denuncia que estos mismos actores ejercen presión sobre las autoridades municipales para impedir la actividad de aquellos vendedores que optan por precios más bajos, buscando así mantener un control artificial sobre el mercado.
La dirigencia vecinal ha solicitado formalmente a las autoridades competentes que se inicien investigaciones y procesos legales contra quienes resulten responsables de las acciones de amedrentamiento. Se enfatiza la urgencia de establecer mecanismos de regulación efectivos para prevenir la repetición de este tipo de incidentes y proteger la libre competencia.
Adicionalmente, se ha expresado malestar por la falta de colaboración de las administraciones del CRAMA y CERCAT, entidades gestoras del mercado Campesino. A pesar de las reiteradas convocatorias a reuniones para coordinar acciones de control y fiscalización, estas administraciones no han respondido, argumentando que se trata de una instancia de carácter privado. Esta postura dificulta la labor de control, especialmente en un mercado donde se ha detectado una significativa variación de precios a lo largo de la jornada, con incrementos sustanciales pocas horas después del inicio de la actividad comercial, situación que se atribuye a la actuación de los intermediarios
