La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se encuentra en el centro de un debate nacional, con múltiples sectores y autoridades exigiendo su clausura. Esta creciente demanda surge a raíz de las recientes revelaciones de irregularidades y presuntos actos de corrupción que involucran a su anterior administración.
En este contexto, el gremio panificador de Tarija ha alzado su voz, sumándose al llamado para el cese de operaciones de la entidad estatal y la eliminación de los subsidios a los insumos básicos para la elaboración del pan. El argumento principal es que estos beneficios, gestionados por Emapa, han sido distribuidos de manera desigual, favoreciendo únicamente a seis departamentos y excluyendo a regiones como Santa Cruz, Pando y Tarija.
Representantes del sector panificador tarijeño han manifestado que esta disparidad en el acceso a los subsidios ha sido una constante preocupación, señalando que el tiempo ha puesto de manifiesto las deficiencias y la opacidad en la gestión de Emapa. En este sentido, se ha instado a las autoridades de defensa del consumidor en Tarija a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre el manejo de la empresa, sugiriendo la posible complicidad de ciertos dirigentes y funcionarios en prácticas cuestionables.
La postura de los panificadores es clara: consideran que Emapa y sus subsidios han funcionado más como un instrumento para el beneficio particular de ciertos grupos que como un verdadero apoyo a la producción. A pesar de no haber recibido estos beneficios, el sector en Tarija asegura haber mantenido la producción de pan con precios y pesos justos para la población, afirmando que las recientes acusaciones de corrupción en Emapa no han impactado su operación local.
Se ha argumentado que la empresa se ha convertido en un foco de intereses políticos, donde la administración estaría orientada al lucro personal. Ante este panorama, se enfatiza que, de no garantizarse una gestión transparente, la opción más adecuada sería su cierre definitivo para erradicar cualquier posibilidad de corrupción. El gremio panificador de Tarija ha confirmado que actualmente opera con insumos importados, principalmente harina de Argentina, que ingresa al país sin aranceles hasta diciembre, a un costo de 360 bolivianos, asegurando así el abastecimiento para los consumidores de la región.
El clamor por la disolución de Emapa se intensificó la semana pasada, luego de que se hicieran públicas denuncias de corrupción que apuntan al exgerente, Franklin Flores. Se ha solicitado una sanción penal ejemplar para el exfuncionario, tras el descubrimiento de un excedente patrimonial injustificado de 209 mil bolivianos en sus cuentas.
Diversas organizaciones se han pronunciado en esta línea, incluyendo la Confederación de Gremiales de Bolivia, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, la Cámara Agropecuaria del Oriente, y el gobernador de La Paz, Santos Quispe, así como parlamentarios de ciertas facciones políticas. Sin embargo, el Viceministerio de Coordinación Gubernamental ha refutado estas peticiones, defendiendo la continuidad de Emapa bajo el argumento de su rol crucial en el fomento de la producción nacional y en la generación de recursos destinados a financiar programas sociales
