La directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) formalizó el pasado lunes en Sucre la entrega de la Ley de Reforma Parcial del Estatuto Autonómico de Tarija ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP). El objetivo principal de esta iniciativa legislativa es la reducción del número de asambleístas departamentales.
El presidente de la ALDT, Damián Castillo, fue el encargado de presentar la propuesta, que fue recibida por la magistrada Julia Elizabeth Cornejo Gallardo. El asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza confirmó que la directiva del órgano legislativo tarijeño sometió formalmente la Ley de Reforma Parcial del Estatuto al control de constitucionalidad.
Se enfatizó la solicitud del presidente de la Asamblea Departamental para que el trámite de esta ley reciba la máxima celeridad. Lea Plaza expresó la esperanza de que la instancia constitucional pueda agilizar los plazos para emitir su dictamen. Explicó que el TCP dispone de un periodo de diez días para la admisión del documento y un máximo de cuarenta y cinco días para pronunciarse sobre su fondo.
Una vez que el TCP emita su resolución sobre la constitucionalidad de la ley, esta deberá ser promulgada por el gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT), Oscar Montes. Tras la promulgación, se iniciaría la coordinación con el órgano electoral para determinar los plazos y, de manera más precisa, la fecha tentativa de la realización del referéndum.
Lea Plaza indicó que será el órgano electoral la entidad encargada de estimar el presupuesto necesario para la consulta popular. Destacó que, basándose en experiencias de procesos de consulta anteriores, se prevé que el costo del referéndum no superará los recursos que se proyectan ahorrar anualmente con la reducción de asambleístas.
Por su parte, Jesús Gira, presidente del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija, valoró el inicio del proceso de control de constitucionalidad ante el TCP y manifestó la expectativa de una pronta resolución por parte de la instancia nacional. Respecto a la postura de la bancada indígena, que objeta la reducción de su representación de tres a dos asambleístas, Gira señaló que cualquier acción legal que pudiera presentarse podría incidir en el avance del trámite para el referéndum. No obstante, consideró que la reforma estatutaria debería tener primacía, ya que una demora podría resultar perjudicial.
El líder cívico también hizo hincapié en otras tareas pendientes que deben ser abordadas durante la actual gestión legislativa, entre ellas, la Ley Departamental de Régimen Electoral. Se espera que la Asamblea Departamental de Tarija priorice el tratamiento y sanción de esta ley para que pueda aplicarse en las próximas elecciones subnacionales, previstas para el próximo año.
Durante el encuentro oficial en Sucre, también estuvo presente el secretario general del TCP, Cliver Sardan. El presidente Damián Castillo reiteró su solicitud de apoyo para gestionar los plazos, con el fin de que la reforma pueda implementarse en la próxima gestión legislativa. La magistrada Cornejo Gallardo, por su parte, subrayó la trascendencia de las autonomías como un componente esencial de la organización territorial del país, concebidas para descententralizar la gestión y acercar la administración a la ciudadanía. La autoridad judicial aseguró que se respetarán los tiempos establecidos en el Código de Procedimiento Constitucional para la admisión en comisión y, si corresponde, para el análisis de fondo del caso. Finalmente, la magistrada reafirmó el compromiso del TCP de imprimir la máxima celeridad a una demanda de tan alta importancia para Tarija