La creciente preocupación por la seguridad en los entornos educativos y el alarmante aumento del consumo de alcohol entre la población adolescente han impulsado un llamado urgente a la acción por parte de autoridades y familias, con el fin de prevenir repercusiones graves en la salud emocional y física de los jóvenes.
Ante este panorama, una concejal municipal ha instado al Viceministerio de Seguridad Ciudadana a considerar la reactivación de una iniciativa previamente implementada, conocida como Mochila Segura. Este esquema, que en el pasado demostró su eficacia, consistía en la revisión de los efectos personales de los estudiantes, revelando en ocasiones la presencia de sustancias ilícitas, bebidas embriagantes e incluso objetos punzocortantes.
La propuesta busca que esta medida se reintroduzca en las instituciones educativas a partir del año 2026, con la visión de establecer colaboraciones interinstitucionales que permitan su expansión tanto a nivel departamental como nacional, anticipando resultados favorables para la juventud. La iniciativa cuenta con el respaldo de las asociaciones de padres de familia de la jurisdicción, quienes han sostenido encuentros desde el año anterior con representantes de más de un centenar de unidades educativas, priorizando la reanudación de este programa ante la detección de conductas indebidas en los recintos escolares.
La suspensión previa del programa se atribuyó a objeciones de algunos tutores, quienes manifestaron inquietudes respecto a una supuesta vulneración de la privacidad estudiantil. No obstante, los incidentes recientes ocurridos en centros educativos han reavivado la necesidad de retomar controles preventivos para mitigar la inseguridad.
En 2018, el Ministerio de Educación había promulgado un Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia para casos de Violencia en Unidades Educativas. Dicho instrumento tenía como propósito establecer procedimientos claros para una atención oportuna y reparadora ante situaciones de violencia y acoso en el ámbito escolar. Sin embargo, este protocolo no ha logrado cumplir su cometido. La concejal ha señalado que, a pesar de haber sido concebido como un sustituto del programa Mochila Segura, su desconocimiento y la falta de una aplicación efectiva han impedido que genere los resultados esperados, argumentando que no se han ejecutado las acciones necesarias por parte de las entidades involucradas y, por ende, se insiste en la reinstauración de Mochila Segura.
Por su parte, la dirección distrital de educación ha confirmado que, si bien se han llevado a cabo reuniones para considerar el retorno del programa, existe una normativa vigente que prohíbe su implementación al considerarse que afecta la intimidad de los alumnos. El director ha enfatizado la importancia de continuar los esfuerzos de control dentro del marco de los planes de convivencia pacífica y armónica, sin recurrir necesariamente a los términos específicos del programa suspendido.
A la par de estas discusiones sobre seguridad y privacidad, otro aspecto que suscita profunda preocupación entre autoridades y padres es la incidencia de presuntos casos de abuso sexual perpetrados por personal docente contra estudiantes, con cuatro denuncias registradas en unidades educativas de la ciudad hasta mayo de 2024. La concejal ha subrayado que la reactivación de la iniciativa Mochila Segura debería ir acompañada de medidas integrales para salvaguardar a los adolescentes frente a este tipo de abusos. Ha instado a una reflexión colectiva para encontrar formas de proteger a la juventud, no solo en el ámbito escolar, sino también en el seno de los hogares.
El programa Mochila Segura se había centrado primordialmente en la detección de la posesión y consumo de estupefacientes entre el alumnado. Su aplicación fue objeto de críticas en 2020, argumentando la vulneración de derechos estudiantiles. La metodología implicaba la entrada de personal a las aulas para inspeccionar las mochilas y ofrecer charlas de sensibilización sobre el consumo de drogas. En caso de hallar sustancias o artículos prohibidos, se procedía a la remisión del menor a las instancias competentes