El órgano legislativo del departamento de Tarija se encuentra actualmente deliberando sobre una propuesta de ley que busca reestructurar la escala salarial de los funcionarios del gobierno departamental. La iniciativa, remitida por la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental a la comisión de Hacienda, está a la espera de un informe para ser debatida en el pleno. Se ha manifestado la necesidad de abordar este proyecto de ley con celeridad, dada la situación económica actual del departamento.
Se ha informado que el ejecutivo departamental ha presentado tres versiones de este proyecto de ley en un lapso relativamente corto, comenzando en noviembre del año anterior. Las dos primeras propuestas fueron devueltas para su revisión, ya que inicialmente se centraban exclusivamente en el órgano ejecutivo, omitiendo la inclusión del órgano legislativo departamental en la reestructuración salarial.
La propuesta actual contempla una reducción salarial generalizada, siendo el caso más destacado la disminución del 46% en el salario del gobernador, que pasaría de 13.000 a 7.000 bolivianos. Se estima que la implementación de esta nueva escala salarial generaría un ahorro anual de aproximadamente 9 millones de bolivianos para el gobierno departamental.
Si bien se reconoce la importancia de ajustar la política salarial y el gasto operativo de la institución departamental, se ha advertido que estas medidas, por sí solas, no resolverán el problema financiero central que enfrenta el departamento. Se proyecta un desequilibrio financiero de al menos 120 millones de bolivianos para el presente año, basado en las recaudaciones de regalías de los primeros meses y las estimaciones hasta fin de año.
Se ha expresado preocupación de que exista una percepción errónea en la ciudadanía, que considere que la reducción de salarios es una solución definitiva al déficit financiero. Sin embargo, se insiste en que el ahorro generado por la nueva escala salarial, aunque significativo, representa solo una pequeña fracción del déficit total proyectado.
Por lo tanto, se subraya la necesidad de implementar medidas adicionales y más amplias en diferentes áreas. Se han mencionado ejemplos como las transferencias de fondos al gobierno nacional y a los gobiernos municipales, que representan montos considerables. Se aboga por un análisis integral de la situación financiera departamental, más allá del ajuste salarial, para identificar y aplicar soluciones efectivas a largo plazo.
La comisión de Hacienda tiene un plazo establecido para analizar el proyecto de ley y emitir un informe, aunque se espera que este proceso se acelere debido a la urgencia del tema. Adicionalmente, se ha planteado internamente la posibilidad de reducir también el número de funcionarios en la Asamblea Departamental, como medida complementaria a la reducción salarial, sugiriendo una disminución de la plantilla de 120 a 100 empleados.
Existe un consenso generalizado entre los asambleístas sobre la necesidad de adaptar la escala salarial a la actual realidad económica del departamento. Se espera que el debate en el pleno de la Asamblea permita definir la postura de cada asambleísta respecto a este proyecto de ley. Se reconoce que, aunque la reducción de salarios es un paso necesario, no constituye una solución completa a los problemas financieros derivados de la disminución de ingresos económicos.
Se confirma la existencia de una voluntad mayoritaria entre los asambleístas para aprobar la nueva escala salarial, reconociendo la crisis económica que atraviesa el departamento. Se espera que, en esta ocasión, se logre avanzar con la aprobación de la ley, superando las dificultades que se presentaron en intentos anteriores relacionados con medidas de ajuste y reducción en la administración departamental
