La delicada situación económica que atraviesa el departamento de Tarija ha impulsado a las autoridades a considerar medidas de ajuste y revisión normativa. Recientemente, desde el ejecutivo departamental se ha solicitado formalmente a la Asamblea Legislativa la evaluación de un conjunto de 90 leyes que implican una significativa demanda de recursos para las finanzas del departamento.
En respuesta a esta petición, la Asamblea Departamental ha manifestado su disposición a llevar a cabo un análisis exhaustivo de las leyes señaladas. Según declaraciones del presidente de la institución legislativa, se ha establecido un plan de trabajo que se desarrollará en dos fases. La primera etapa se centrará en un estudio técnico y legal de cada una de las normativas en cuestión. Posteriormente, en una segunda fase, se prevé involucrar a diversos sectores sociales en el proceso de revisión, buscando un enfoque participativo y consensuado.
El presidente de la Asamblea ha reconocido públicamente la gravedad de la crisis económica que enfrenta Tarija, subrayando la necesidad de realizar ajustes presupuestarios para adecuar el gasto a la realidad financiera actual. En este contexto, se ha planteado la revisión de leyes que, por su antigüedad o naturaleza transitoria, podrían haber perdido vigencia o relevancia en el contexto actual.
Durante encuentros recientes con representantes del sector campesino, se abordó la posibilidad de implementar medidas de austeridad, incluyendo la reducción de salarios en el ámbito legislativo y la disminución del número de asambleístas. Si bien existe voluntad para considerar estas medidas, se ha insistido en la importancia de un debate profundo y responsable sobre la sostenibilidad de los programas sociales y la necesidad de abordar reformas estructurales que tengan un impacto real en la economía departamental.
Desde la Asamblea se ha expresado preocupación por lo que consideran una tendencia a responsabilizar exclusivamente a la institución legislativa de la crisis, rechazando lo que califican de demagogia y señalando la existencia de problemas de fondo que requieren soluciones integrales. En este sentido, se ha propuesto la modificación parcial del Estatuto Autonómico como una medida estructural que podría contribuir a la eficiencia y sostenibilidad del aparato estatal.
A pesar de la aparente disposición general a abordar la problemática, se han manifestado críticas internas sobre la falta de voluntad política de algunos legisladores para avanzar concretamente en la implementación de medidas de ajuste. Se ha confirmado la existencia de iniciativas legislativas en curso, pero se reconoce la dificultad para alcanzar el consenso necesario entre las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea
