La consideración de un proyecto de ley fundamental en el Concejo Municipal de Tarija ha sido reprogramada para el próximo martes 7 de octubre. Esta iniciativa legislativa, titulada Calificación y Selección de Miembros del Jurado de Imprenta, fue presentada por Humberto Vargas Fuentelzas, presidente de la Asociación de Periodistas de Tarija, y tiene un origen netamente ciudadano.
El objetivo central de esta propuesta radica en abordar una carencia normativa de larga data en la gestión de asuntos relacionados con el periodismo y los medios de comunicación. Se aspira a fortalecer la calidad del ejercicio periodístico y, consecuentemente, salvaguardar los principios de libertad de prensa y expresión. A pesar de los esfuerzos previos que no prosperaron, existe la expectativa de que, tras un siglo de intentos infructuosos, el Concejo Municipal finalmente apruebe esta regulación. Su implementación representaría un avance significativo para consolidar la rendición de cuentas en el ámbito comunicacional y proteger los derechos esenciales de la población.
La decisión de aplazar la discusión, originalmente prevista para el martes 30 de septiembre tras la aprobación del informe de la Comisión Jurídica, se tomó a pesar de que la conformación de este tipo de tribunales constituye un mandato legal. Tanto la Constitución Política del Estado como otras normativas nacionales, incluyendo la Ley de Imprenta de 1925, establecen la obligación para los concejos municipales de organizar jurados de imprenta. Estos órganos están diseñados como mecanismos especializados para evaluar y juzgar situaciones relacionadas con el uso inapropiado de medios de comunicación, ya sean impresos, digitales o tradicionales, siempre que los hechos posean una naturaleza periodística.
Esta propuesta local se enmarca en una estrategia nacional más amplia, impulsada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) en colaboración con diversas entidades. Dicha estrategia ha logrado la exitosa conformación de tribunales de imprenta en siete de las capitales departamentales del país. Un ejemplo reciente de este avance fue la ceremonia de juramento de los miembros del Jurado de Imprenta en Cochabamba, celebrada el pasado lunes, lo que subraya el progreso de este proceso a nivel nacional.
Actualmente, Tarija y Cobija son las únicas capitales departamentales que aún no cuentan con la implementación de este tribunal, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados en el pasado. En el contexto tarijeño, la elaboración de la propuesta se llevó a cabo a través de un exhaustivo proceso participativo, que contó con el respaldo del Defensor del Pueblo. Este proceso involucró la consecución de un amplio consenso entre diversas instituciones del ámbito periodístico y comunicacional, incluyendo al Sindicato de Trabajadores de la Prensa, ASTRATEP, el Círculo de Periodistas Deportivos de Tarija, el Círculo de Periodistas Deportivos de Cercado y la Asociación de Medios de Tarija. Adicionalmente, la iniciativa fue socializada con un espectro diverso de organizaciones sociales e instituciones académicas que imparten la carrera de Comunicación Social.
Este extenso período de diálogo y construcción de consensos se extendió por más de un año. Es fundamental destacar que este tribunal no está concebido exclusivamente para los profesionales del periodismo, sino que se erige como una herramienta de gran utilidad para la sociedad civil en su totalidad. Su funcionamiento permitirá que cualquier ciudadano, institución o autoridad pueda presentar denuncias, las cuales serán evaluadas por un jurado especializado con la finalidad de establecer las responsabilidades correspondientes.
Las denuncias podrán ser interpuestas tanto por aquellos que consideren vulnerados sus derechos como por quienes perciban la comisión de un delito en el ejercicio periodístico. El jurado procederá a la evaluación de cada caso y, de ser pertinente, iniciará el proceso correspondiente. En aquellos escenarios donde se determine que el asunto no recae dentro de su ámbito de competencia, el tribunal tendrá la facultad de derivarlo a la vía judicial ordinaria
