El exdiputado Rafael “Tata” Quispe expresó su profunda molestia tras quedar inhabilitado como candidato a la Gobernación de La Paz, luego de que la agrupación Unidad Cívica Solidaridad (UCS) perdiera su personalidad jurídica. Esta medida se tomó debido a que UCS no alcanzó el mínimo requerido del 3% de votación en las recientes elecciones generales.
Quispe calificó la decisión como una acción de carácter político y no dudó en lanzar fuertes advertencias contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, a quien amenazó con encarcelarlo. En sus declaraciones, mencionó que Ávila enfrentaría consecuencias similares a las que, según él, ya sufrieron otros políticos.
Tras la primera vuelta presidencial de agosto de 2025, el TSE inició el proceso para cancelar la personería jurídica de UCS y también de la agrupación ADN, al no cumplir ambas con el umbral constitucional del 3% de votos. Ambas organizaciones impugnaron esta decisión mediante amparos constitucionales, pero con el fallo adverso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el TSE procedió con la cancelación.
En respuesta, Quispe anunció que presentará un recurso de amparo contra la totalidad de la Sala Plena del TSE, con la intención de agotar las instancias legales internas antes de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según sus palabras, esta última instancia sería favorable para su causa, ya que sostiene que se ha vulnerado el derecho de elegir y ser elegido.
La situación refleja un enfrentamiento entre sectores políticos y las autoridades electorales, mientras se definen los mecanismos legales para resolver la controversia sobre la personería jurídica de estas agrupaciones
