El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha intervenido en el debate sobre la judicialización del proceso electoral, interpretando una comunicación previa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como una reafirmación del compromiso para llevar a cabo las elecciones nacionales fijadas para el 17 de agosto. En este contexto, el TCP ha instruido la resolución expedita de los recursos judiciales que se encuentran pendientes.
La motivación detrás de esta acción, según explicó el presidente del TCP, radica en la necesidad de brindar certeza al país y garantizar la transparencia de los comicios dentro de los plazos constitucionales. Frente a lo que describió como amenazas constantes al proceso democrático por parte de actores que buscan generar incertidumbre mediante acciones legales y movilizaciones, el TCP ratificó su determinación de asegurar plenamente la realización de las elecciones. Asimismo, la instancia constitucional fue enfática al señalar que ningún recurso judicial debe tener la capacidad de alterar, modificar o revertir etapas ya superadas en el calendario electoral establecido.
Analistas políticos y jurídicos han evaluado el pronunciamiento del TCP desde diversas perspectivas. Algunos lo consideran una señal interesante que contribuye a la certidumbre institucional y a la tranquilidad ciudadana, viendo en él un contrapeso a la posición del TSE. Otros, si bien lo califican de genérico y potencialmente tardío ante las acciones legales ya en curso, sugieren que debería fortalecer la actuación de los vocales del TSE, quienes constitucionalmente tienen la responsabilidad de administrar y ejecutar el proceso. Una tercera visión destaca el aspecto positivo de la declaración al ratificar el calendario para lo que se consideran los comicios más relevantes de las últimas cuatro décadas, subrayando la importancia de que los jueces constitucionales actúen con ética y sentido común al resolver los recursos pendientes, incluyendo aquellos que buscan la anulación de siglas políticas.
Paralelamente al análisis del rol del TCP, expertos consultados también abordaron la situación de una posible candidatura del expresidente Evo Morales. Existe un consenso entre los especialistas respecto a que la participación del exmandatario en las próximas elecciones no es viable. Las razones esgrimidas incluyen, en primer lugar, el hecho de que la etapa de inscripción de candidaturas ha precluido, cerrando la posibilidad de postulación, independientemente de apelaciones previas. Se señala además que, según la normativa, el TSE habilita únicamente a candidatos presentados por agrupaciones políticas legalmente inscritas, una condición que no se cumpliría en este caso. Asimismo, se recuerda que ya existe un fallo constitucional previo que impide una nueva postulación, haciendo que el debate sobre alianzas o continuidad/discontinuidad sea irrelevante frente a la inelegibilidad fundamental. Desde una perspectiva jurídica y sociológica, se considera que su posible candidatura es inconstitucional y que la discusión al respecto carece de sentido práctico, dado que otras agrupaciones políticas ya se encuentran legalmente registradas para competir
