El Tribunal Constitucional Plurinacional ha reiterado su posición, cerrando así la posibilidad de un retorno a la presidencia por parte de Evo Morales. La alta corte ha reafirmado que ningún ciudadano boliviano puede ejercer los cargos de presidente o vicepresidente por más de dos periodos, ya sean estos consecutivos o separados.
Gonzalo Hurtado, titular del TCP, señaló recientemente que este asunto fue resuelto de manera concluyente mediante la sentencia 1010 y su complementación, la sentencia 007. Estas resoluciones, enfatizó, establecieron de forma clara y precisa el principio de que nadie debe perpetuarse en el poder.
Esta determinación judicial se produce en un escenario político complejo, caracterizado por la intensificación de movilizaciones impulsadas por grupos afines a Evo Morales. Dichas agrupaciones ejercen presión para que se habilite su candidatura de cara a las elecciones nacionales programadas para el 17 de agosto. Las protestas incluyen bloqueos que se extienden por diversas zonas del país, afectando también a las principales vías de transporte.
Específicamente, la sentencia 007/2025, emitida por unanimidad por los magistrados el 14 de mayo, define el límite máximo de dos mandatos para el desempeño de funciones como presidente o vicepresidente, sin distinción entre periodos continuos o discontinuos.
Anteriormente, el decano del TCP, René Espada, había manifestado que la institución no cedería ante presiones ni ataques políticos motivados por intereses particulares. Esta declaración se interpretó como una respuesta a las enérgicas advertencias provenientes del sector evista, que había sugerido la posibilidad de obstaculizar el proceso electoral si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no autorizaba la postulación de Morales.
Cabe destacar que la sentencia 1010/23 ya establecía este mismo criterio, limitando el ejercicio de la Presidencia a un máximo de dos ocasiones, continuas o discontinuas.
El movimiento evista, sin embargo, rechaza la decisión de inhabilitación de su principal figura. Su postura se fundamenta en la falta de reconocimiento a los actuales magistrados, a quienes tildan de haber prorrogado ilegalmente sus mandatos.
Feliciano Vegamonte, un dirigente de esta facción, expresó esta visión, calificando a los magistrados como ilegítimos y sin autoridad. Sostuvo que quienes considera autoprorrogados, como Gonzalo Hurtado, carecen de competencia para emitir juicios sobre temas electorales, especialmente en relación con la candidatura de Morales. Vegamonte argumentó que las opiniones de Hurt
