La Fiscalía ha ordenado la detención del exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, acusado de tres delitos relacionados con presuntos actos de corrupción. Esta decisión se sustenta, entre otros elementos, en la declaración jurada de una testigo clave que asegura que el exlíder sindical recibió al menos 40.000 bolivianos provenientes de sobornos. Además, se incorporaron al proceso 17 informes financieros que respaldan la investigación.
Según la documentación oficial, el 30 de septiembre de 2023, Huarachi habría recibido dicha suma de dinero por parte del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. Esta información fue presentada por el abogado constitucionalista Abel Loma, quien fundamentó su denuncia en una carta notariada y en la declaración jurada de Claudia Cortez, testigo central en este caso. Cortez afirmó ser la intermediaria encargada de recolectar los sobornos para el exministro, provenientes de empresarios beneficiados con contratos millonarios en la cartera de Medio Ambiente y Agua.
Las pesquisas indican que Santos Cruz acumuló aproximadamente 19 millones de bolivianos mediante estos cobros ilegales. Por este motivo, ya se encuentran procesados y a la espera de juicio el exministro, algunos de sus familiares, exviceministros y la propia Cortez.
La orden de aprehensión también señala que los pagos ilícitos a Huarachi se efectuaban a través de intermediarios, entre ellos Claudia Cortez y Milton Zelada Ponce, quien formó parte del directorio de la COB durante la gestión del exlíder sindical. En la denuncia se menciona además la participación de Ricardo Bernal del Carpio, exdirector administrativo de la Caja Nacional de Salud (CNS), como parte de esta red de pagos reiterados.
Entre las pruebas presentadas por el denunciante se incluyen recortes periodísticos con acusaciones formuladas por diputados vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), Freddy López y Héctor Arce. El 13 de octubre, estos legisladores señalaron a Huarachi por recibir sumas adicionales relacionadas con la adjudicación de proyectos de la CNS a empresarios privados.
Asimismo, la denuncia sostiene que el exdirigente sindical habría utilizado estos recursos para aumentar de manera desproporcionada su patrimonio y el de su entorno familiar, argumento respaldado por medios de comunicación y documentación adjunta al expediente.
El fiscal a cargo, Aldo Meza, fundamentó la orden de aprehensión en 28 elementos de convicción, entre los cuales se encuentran 17 informes financieros emitidos por diversas entidades bancarias, como Banco Unión, MoneyGram, ProMujer, Banco de la Nación Argentina, FIE y Banco Sol, entre otras. Estos informes fueron entregados entre el 1 y 5 de noviembre, aunque sus detalles no fueron divulgados públicamente.
Juan Carlos Huarachi enfrenta cargos por tráfico de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, se ha abstenido de prestar declaración ante la Fiscalía. Por su parte, su abogado defensor, Andrés Zúñiga, ha calificado la orden de aprehensión como ilegal y anunció que se presentarán recursos legales debido a presuntos abusos cometidos por el fiscal durante el proceso
