Este miércoles se llevó a cabo un paro de 24 horas protagonizado por los trabajadores del sector salud pública, quienes buscan visibilizar y exigir soluciones a una serie de demandas laborales y administrativas que afectan directamente su estabilidad y las condiciones de trabajo en la región. La convocatoria a esta jornada de protesta fue encabezada por el secretario general del gremio, Carlos Castro, quien detalló que durante esta paralización únicamente se mantienen operativos los servicios de emergencia, tanto en áreas urbanas como rurales, para garantizar la atención básica y evitar riesgos mayores para la población.
El núcleo central del reclamo tiene que ver con el pago pendiente de los sueldos correspondientes a 180 ítems vinculados al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), una fuente financiera que ha sido clave en la contratación y mantenimiento del personal en salud. Los trabajadores exigen que se regularice esta situación salarial, ya que la falta de pago afecta no solo sus ingresos sino también la prestación continua y eficiente de los servicios sanitarios. Además, plantean la abrogación inmediata de la Ley Departamental 1233, una normativa recientemente aprobada por la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental que, según denuncian, pone en riesgo la estructura institucional del Servicio Departamental de Salud (Sedes).
La Ley 1233 ha generado una fuerte oposición dentro del sector debido a que obliga al Sedes a utilizar recursos propios para cubrir el pago de salarios, una medida que contradice normativas vigentes y el decreto 25233. Esta imposición no solo resulta ilegal desde el punto de vista administrativo sino que también amenaza con desfinanciar a una institución vital para el cuidado sanitario en todo el departamento. En palabras del secretario general Castro, esta ley representa un atentado contra la vida institucional del Sedes y pone en jaque a los trabajadores al trasladar responsabilidades financieras fuera del marco legal establecido.
A esto se suma una política interna de austeridad implementada por el gobernador regional, quien ha restringido recursos básicos necesarios para el funcionamiento diario del servicio. Entre las limitaciones impuestas se encuentran la prohibición para adquirir material de oficina, imprenta e incluso combustible para los vehículos oficiales. Estas medidas agravan aún más las condiciones laborales y operativas, dificultando la gestión eficiente y oportuna de los servicios sanitarios.
La situación se ha tornado más tensa con la desvinculación reciente de tres trabajadores en salud, lo cual ha sido interpretado por el gremio como un intento velado de reducir personal bajo el pretexto de recortes presupuestarios vinculados al IDH. El sindicato advierte contra lo que denomina una “masacre blanca” que podría profundizarse si no se atienden sus demandas con urgencia. Frente a este escenario, Castro dejó claro que si no hay avances concretos ni diálogo efectivo para resolver estas problemáticas, las medidas de presión podrían intensificarse progresivamente e incluso desembocar en un paro indefinido.
Este conflicto no solo refleja tensiones internas dentro del sistema sanitario regional sino también las dificultades estructurales para sostener servicios públicos esenciales frente a restricciones presupuestarias y normativas controvertidas. Para la población, estas protestas significan un llamado urgente sobre la necesidad de proteger tanto los derechos laborales como la calidad y continuidad en la atención médica. La garantía mínima ofrecida durante este paro fue mantener abiertos solamente los servicios emergentes; sin embargo, cualquier prolongación o escalamiento podría afectar significativamente el acceso generalizado a prestaciones médicas básicas.
En suma, este paro evidencia un escenario crítico en el sector salud pública donde convergen problemas financieros, administrativos y políticos que requieren soluciones integrales y consensuadas entre autoridades departamentales y representantes sindicales. La estabilidad laboral del personal sanitario es crucial no solo para quienes trabajan directamente en hospitales y centros rurales sino también para asegurar un sistema robusto capaz de responder eficazmente a las necesidades sanitarias actuales y futuras de toda la comunidad
