La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia ha convocado un ampliado nacional para el próximo lunes, donde se discutirán las acciones a tomar en respuesta a la Disposición Final Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, así como a las medidas impositivas y aduaneras, la crisis económica, y la escasez de dólares y diésel, entre otros retos que enfrenta el sector.
Este encuentro se llevará a cabo en Santa Cruz, comenzando en la mañana, seguido por un congreso multisectorial en la tarde. En este congreso participarán representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), así como de los sectores industrial y de transporte, quienes ya se reunieron previamente en Cochabamba bajo la convocatoria de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro).
José Luis Farah, presidente de la CAO, expresó su compromiso de colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la cadena de abastecimiento del país. Farah enfatizó la necesidad de abrogar la cláusula séptima del PGE, que consideran inaceptable.
El punto más controvertido del PGE 2025 es precisamente esta Disposición Final Séptima, que faculta al Estado a confiscar productos de aquellos que intenten incrementar los precios. Aunque el Gobierno argumenta que esta medida busca proteger el abastecimiento de la canasta básica y mantener la estabilidad de precios, los sectores productivos la ven como una violación a la propiedad privada y un acto confiscatorio.
Por otro lado, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha programado una reunión con el sector arrocero para el próximo martes, que originalmente estaba planificada para este jueves en La Paz. Los productores de arroz se encuentran en estado de alerta tras las denuncias del Gobierno sobre intermediarios que incurren en prácticas de especulación y agio, lo que ha llevado a la intervención de la Fiscalía en cinco ingenios en Montero.
Silva indicó que en la próxima reunión se establecerán los precios de venta tanto para el arroz en su estado natural como para el arroz procesado. También se discutirá el papel de las arroceras en Montero y Yapacaní, incluyendo los costos asociados a sus servicios, con el objetivo de fijar un precio justo para el grano en el año 2025
