La Fiscalía de La Paz ha comenzado una investigación tras un trágico incidente en la zona de Bajo Llojeta, donde una mazamorra devastó al menos 70 viviendas y resultó en la muerte de una niña de cinco años. Este desastre, ocurrido la noche del sábado, ha llevado a la atención de las autoridades hacia la empresa responsable del movimiento de tierras que se considera causante de la tragedia. Mientras tanto, los alcaldes de La Paz y Achocalla están siendo objeto de escrutinio por su posible implicación en los eventos que llevaron a esta emergencia.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, ha asegurado que se está formando una comisión de fiscales para abordar el caso y ha prometido que se tomarán declaraciones en las próximas horas. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de las víctimas, y estamos comprometidos a investigar a fondo este suceso, declaró Torrez.
El desbordamiento del río Pasajahuira fue el desencadenante de la mazamorra que sepultó 30 casas y afectó a otras 40. La tragedia se agravó con la pérdida de una niña, cuyo cuerpo fue recuperado en la madrugada del día siguiente.
En respuesta, el alcalde de La Paz, Iván Arias, presentó una denuncia penal contra la inmobiliaria Kantutani, a la que se le atribuye la responsabilidad del movimiento de tierras. La denuncia incluye cargos por estrago, homicidio culposo y lesiones, y señala que la situación ha generado una grave inseguridad en un área de más de 1.600 metros.
Arias explicó que la denuncia se basa en la preocupación por el impacto de las actividades de la empresa en la zona, que se extiende desde el Cementerio Los Andes hasta la comunidad de Los Sargentos.
Por su parte, la empresa Kantutani ha emitido un comunicado en el que rechaza las acusaciones, argumentando que el desborde del río fue causado por el taponamiento del embovedado del río Pasajahuira, ubicado a 1,5 kilómetros del cementerio, y no por sus trabajos de estabilización.
Las investigaciones se centrarán en delitos como estragos, que podrían acarrear penas de hasta diez años de prisión. El fiscal Torrez ha indicado que tanto los alcaldes de La Paz como de Achocalla, así como los propietarios de la empresa involucrada, serán llamados a declarar. Además, se está verificando la legalidad de los movimientos de tierra realizados en la zona afectada.
La Alcaldía de Achocalla ha negado haber autorizado cualquier movimiento de tierras que pudiera haber contribuido a la mazamorra, desmintiendo las afirmaciones de que la empresa Kantutani operó con su permiso para expandir el cementerio.
Finalmente, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, ha señalado a la Alcaldía de Achocalla como responsable de la tragedia, argumentando que permitió a una empresa privada realizar movimientos de tierra en un periodo de lluvias, lo que representa un riesgo significativo
