La búsqueda de justicia de Reynaldo Chura culminó trágicamente sin que se le otorgara reparación alguna. Este taxista, quien fue víctima de un encarcelamiento injusto en 2022 por un delito que no cometió, falleció recientemente sin haber recibido el reconocimiento de sus derechos vulnerados.
Su situación ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de salvaguardar los Derechos Humanos, lo que podría llevar a una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Chura, que se vio empañado por la violación de la presunción de inocencia y la exposición pública inapropiada, ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos de los ciudadanos.
En agosto de 2022, Chura fue arrestado y señalado por el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como presunto cómplice en el secuestro del bebé Alex en La Paz. A pesar de sus constantes afirmaciones de inocencia, pasó cuatro meses tras las rejas, hasta que se identificó a la verdadera culpable del crimen.
Aunque finalmente fue liberado junto a una enfermera, el daño infligido a su reputación y su bienestar emocional ya había sido irreversible. Tras su salida de prisión, Chura manifestó su descontento con el trato recibido por parte de las autoridades, subrayando el impacto devastador que tuvo en su vida. “El daño que me ha causado este ministro, la fiscal y el investigador es incalculable”, expresó en su momento.
Además, Chura relató a la Defensoría del Pueblo los abusos sufridos durante su detención, incluyendo presiones por parte de la policía y las dificultades para reintegrarse laboralmente, debido al estigma que lo marcaba como delincuente.
El 21 de enero, Chura falleció sin que se hiciera justicia en su caso. Su abogado, Manolo Rojas, reveló que uno de sus deseos más profundos era que su experiencia sirviera como lección para prevenir que otros enfrentaran situaciones similares.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó la muerte de Chura, señalando que su historia es un claro ejemplo de la violación del derecho a la presunción de inocencia. “Se ha vulnerado su dignidad y honra. No hubo reparación, no hubo justicia”, afirmó con pesar.
En diciembre de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución instando a las autoridades a prohibir la exhibición pública de personas detenidas sin su consentimiento, de acuerdo con la normativa penal vigente. Sin embargo, el caso de Chura pone de relieve que estas recomendaciones aún no se han traducido en acciones efectivas.
La situación ha suscitado reacciones tanto a nivel nacional como internacional. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ha calificado lo ocurrido como una razón más para respaldar la denuncia del Defensor del Pueblo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
