La proyectada implementación de un sistema digital de control de tránsito, conocido popularmente como fotomultas, por parte del Gobierno Municipal de Tarija en colaboración con la empresa Smartsolutios S.A., sigue generando controversia. Las últimas objeciones provienen de la Dirección Operativa de Tránsito, cuyos representantes afirman no tener conocimiento oficial sobre los detalles y alcances de esta iniciativa.
El director Departamental de la Unidad Operativa de Tránsito de Tarija, Weimar Baspineiro, manifestó que no ha habido una socialización o coordinación adecuada por parte de las autoridades municipales con la institución policial para la puesta en marcha de este proyecto. Subrayó que su dirección es la entidad legalmente facultada para ejercer este tipo de controles en la vía pública. El jefe policial indicó que se enteró de la existencia del proyecto a través de canales informales, como las redes sociales, y que no ha recibido ninguna comunicación oficial ni invitación a reuniones para abordar el tema.
El coronel Baspineiro enfatizó que el Código de Tránsito, elevado a rango de Ley Nacional, establece claramente que la Dirección de Tránsito y la Dirección de Recaudaciones de la Policía Boliviana son las únicas instituciones con la competencia legal para imponer y recaudar sanciones por infracciones de tránsito, incluyendo excesos de velocidad y el cruce de semáforos en rojo. Adicionalmente, señaló que la Ley 264 de Seguridad Ciudadana también confiere esta facultad a la Dirección de Tránsito. En este contexto, recordó que una ley de alcance nacional prevalece sobre cualquier normativa local o autónoma.
El director de Tránsito cuestionó la base legal sobre la cual el municipio pretende realizar estos cobros, sugiriendo que, si bien podrían fundamentarse en algún recurso legal municipal, cualquier decisión en este ámbito debe coordinarse necesariamente con la Policía, que es la entidad operativa en materia de tránsito. Considera que no se pueden tomar decisiones de manera unilateral.
Respecto a los montos de las sanciones, el director de Tránsito comparó la multa establecida por la Policía para el cruce de semáforo en rojo, que es de 60 bolivianos, con las cifras que, según información circulante, manejaría el municipio, las cuales podrían ascender hasta los 150 bolivianos.
Finalmente, desde la Dirección de Tránsito se recalcó que no es legal aplicar una doble sanción por la misma infracción de tránsito, reiterando su desconocimiento sobre la propuesta específica que busca implementar el Gobierno Municipal
